La medida de fuerza fue convocada por 24 horas para los servicios urbanos y de media distancia desde las 0 del viernes 14 de agosto. El gremio reclama para los choferes de las provincias el mismo esquema salarial acordado para el AMBA. FATAP pidió la conciliación obligatoria y la definición del Gobierno nacional será determinante para saber si los colectivos circularán. En Misiones, UTA no tiene definida la medida.
La discusión salarial de los choferes de colectivos volvió a poner en primer plano una diferencia que atraviesa al sistema de transporte argentino: los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuentan con una escala salarial acordada, mientras los del interior permanecen sin un entendimiento equivalente. Después de más de 90 días de negociaciones sin acuerdo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de 24 horas para este viernes 14 de agosto en los servicios urbanos y de media distancia del interior del país. La medida fue fijada desde las 0 y alcanzaría a las provincias, incluida Misiones, si mantiene su vigencia. De todas maneras, desde el gremio no confirmaron el paro, pese a la consulta de Canal 4 Posadas.
El conflicto tiene como referencia directa la paritaria cerrada en julio para los trabajadores del transporte de corta y media distancia del AMBA. Ese acuerdo estableció para el personal de conducción un salario básico de 1.645.721,36 pesos desde julio, 1.676.990,06 pesos desde agosto y 1.707.175,88 pesos desde septiembre, además de una suma fija extraordinaria, actualización de viáticos y una instancia de revisión. La UTA pretende trasladar ese piso al transporte del interior, donde la negociación con las empresas agrupadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) permanece trabada.
La diferencia salarial expone, a su vez, una discusión más amplia sobre cómo se financia el transporte público fuera del AMBA. En la región metropolitana, las estructuras tarifarias y de compensación responden a un esquema específico de jurisdicción nacional que contempla costos de explotación, salarios, combustible, mantenimiento y otros componentes. Las provincias y municipios, en cambio, administran sistemas con otras estructuras de financiamiento, niveles tarifarios y aportes públicos, una disparidad que suele trasladarse a las negociaciones laborales. La propia normativa nacional distingue los servicios metropolitanos de los sistemas provinciales y municipales.
Para la UTA, esa diferencia no puede traducirse en trabajadores con remuneraciones distintas según el lugar donde prestan el mismo tipo de servicio. El gremio sostiene que lleva más de tres meses reclamando una actualización y que la falta de una propuesta empresarial agotó la instancia de negociación. La organización sindical anunció la huelga después de la última audiencia ante la Secretaría de Trabajo, al considerar que las conversaciones concluyeron sin una oferta concreta de recomposición.
Del otro lado, FATAP pidió al Gobierno nacional que dicte la conciliación obligatoria, mecanismo que suspendería la medida de fuerza y obligaría a las partes a retomar la negociación durante el período que establezca la autoridad laboral. Las empresas plantean que la discusión salarial se encuentra vinculada con la estructura de costos del transporte, las tarifas y las fuentes de financiamiento disponibles para sostener los servicios en las distintas jurisdicciones.
La definición quedó así en manos de la Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Capital Humano. Hasta que la autoridad laboral comunique una eventual conciliación obligatoria, el paro anunciado por la UTA mantiene como referencia las 0 del viernes y una duración de 24 horas. Si el Gobierno dicta la medida antes del inicio de la huelga, el sindicato deberá suspender la protesta y volver a la mesa de negociación.
En Misiones, el conflicto adquiere una dimensión concreta para miles de usuarios que dependen diariamente del transporte urbano y de los servicios que conectan localidades. La eventual paralización alcanza al transporte del interior y obliga a esperar la resolución de la autoridad laboral para determinar el escenario definitivo del viernes.
El eje de la disputa excede, de todos modos, la jornada de paro. La negociación vuelve a exhibir una tensión estructural del transporte argentino: el salario de los choferes se discute en una mesa nacional, mientras el costo de sostener los servicios depende de realidades fiscales, tarifarias y operativas diferentes en cada provincia. La UTA busca que esa diferencia no determine el salario de sus trabajadores; las empresas sostienen que cualquier recomposición requiere recursos para financiarla. Entre ambas posiciones, el Gobierno nacional enfrenta ahora la decisión de intervenir para evitar una nueva paralización del transporte en las provincias.
