El Ministerio de Ecología reunió a organismos provinciales y nacionales para revisar un proyecto de Resolución de Fauna que apunta a actualizar criterios de registración, trazabilidad, control sanitario, tenencia y comercialización de ejemplares. La iniciativa busca articular competencias que hoy atraviesan distintas áreas del Estado y reforzar la prevención del tráfico ilegal.
La protección de la fauna misionera enfrenta un problema que excede la conservación de especies dentro de la selva: también alcanza lo que ocurre cuando un animal silvestre es capturado, trasladado, mantenido en cautiverio, reproducido, comercializado o ingresa a la provincia desde otra jurisdicción. Para avanzar sobre ese circuito, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables reunió a organismos provinciales y nacionales en una Mesa Técnica Interinstitucional destinada a revisar un proyecto de Resolución de Fauna.
El objetivo de la reunión fue avanzar hacia una normativa que permita ordenar y actualizar los mecanismos con los que el Estado interviene sobre la fauna silvestre y exótica en Misiones. La propuesta incorpora cuestiones vinculadas con la registración y trazabilidad de ejemplares, el control sanitario, el bienestar animal, la tenencia, la reproducción, el transporte y la comercialización, además de las herramientas destinadas a prevenir el tráfico ilegal.
La discusión adquiere relevancia en una provincia donde la fauna forma parte de uno de los principales patrimonios naturales y donde la conservación exige una intervención estatal que atraviese distintas competencias. La administración de los recursos faunísticos comprende actualmente actividades como la caza, la cría en cautiverio, la pesca, la liberación de ejemplares provenientes de decomisos y el manejo de especies nativas y exóticas. La propia estructura provincial reconoce la necesidad de articular esas tareas con guardafaunas, guardaparques, fuerzas de seguridad y otros organismos especializados.
La normativa provincial tiene como base la Ley XVI Nº 11, de Conservación de la Fauna Silvestre, junto con la Ley XVI Nº 47, vinculada con la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, y el conjunto de disposiciones específicas que protegen especies y ecosistemas. En las áreas naturales protegidas, además, la Ley XVI Nº 29 establece un régimen particular y reconoce al Estado provincial el dominio sobre la fauna silvestre que se encuentre dentro de esos territorios.
La nueva discusión apunta, en ese marco, a generar criterios comunes para situaciones que requieren respuestas coordinadas. Un ejemplar puede involucrar simultáneamente cuestiones ambientales, sanitarias, veterinarias, administrativas, comerciales y de seguridad. La trazabilidad adquiere allí un papel central: permite conocer el origen del animal, determinar bajo qué condiciones fue trasladado o mantenido y establecer qué autoridad debe intervenir frente a una irregularidad.
El problema tiene además una dimensión concreta en el territorio. Durante 2026, los operativos de guardaparques registraron distintos episodios de caza furtiva en áreas de alto valor ambiental. En junio, en sectores de la Reserva de Biosfera Yabotí y zonas de influencia del Parque Provincial Caá Yarí, un procedimiento permitió secuestrar armas, cebos utilizados para atraer animales y demorar a una persona. En marzo, otro operativo en Yabotí derivó en el secuestro de armas, motocicletas, redes y alrededor de 30 kilogramos de carne de pecarí labiado.
El tráfico y la captura ilegal también aparecen asociados a la pérdida de especies. El Proyecto Maracaná, que trabaja para reintroducir en Misiones al maracaná lomo rojo, una especie localmente extinta desde 1988, identifica entre las causas de su desaparición la pérdida y degradación del hábitat y la captura para el comercio ilegal, junto con otros factores. Actualmente, once ejemplares atraviesan un proceso de entrenamiento para su futura liberación y el proyecto ya registra el nacimiento de un pichón.
La gestión de fauna también implica resolver qué sucede con los animales que llegan al Estado como consecuencia de decomisos, rescates o situaciones de cautiverio. El Parque Ecológico El Puma recibe de manera permanente aves y mamíferos que deben atravesar procesos de rehabilitación antes de una eventual reinserción. El contacto prolongado con seres humanos puede generar pérdida de conductas naturales y dificultar la recuperación, una de las razones por las que la intervención sobre ejemplares cautivos requiere criterios técnicos y sanitarios.
En este escenario, la mesa reunió al subsecretario de Ecología y Desarrollo Sustentable, Facundo Ringa; al director general de Ecología y Calidad Ambiental, Franco García Sosa; a la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; al director de Áreas Naturales Protegidas, Fabio Malosch, y al equipo técnico del Departamento de Fauna.
También participaron representantes del Ministerio del Agro y la Producción, del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), de la Subsecretaría de Asuntos Municipales, del Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones.
La participación de organismos con competencias diferentes permite abordar la fauna como un sistema que requiere algo más que prohibiciones y controles aislados. El SENASA aporta la dimensión sanitaria; los veterinarios intervienen sobre las condiciones de manejo y bienestar; los municipios aparecen vinculados con la dimensión territorial; la Policía interviene frente a delitos ambientales y el Ministerio de Ecología concentra la autoridad provincial sobre la conservación y fiscalización de la fauna.
La Provincia ya avanzó durante este año en la actualización de instrumentos vinculados con la conservación. En mayo, Ecología aprobó una reglamentación específica para proyectos de conservación y restauración de flora autóctona y fauna silvestre, con requisitos técnicos, administrativos y sanitarios para iniciativas provinciales, nacionales e internacionales. Esa norma también estableció criterios para actividades de reproducción controlada, translocación e investigación científica.
La futura Resolución de Fauna se inscribe en esa misma búsqueda de ordenar herramientas que actualmente se aplican sobre distintos aspectos de la gestión de la biodiversidad. El desafío estará en convertir la coordinación institucional en procedimientos concretos: registros confiables, documentación que permita seguir el recorrido de cada ejemplar, controles sanitarios, protocolos para decomisos y rescates y capacidad efectiva de fiscalización.
El Ministerio de Ecología continuará con el análisis técnico y jurídico del proyecto junto con los organismos que participaron de la mesa. La intención es consolidar una herramienta que permita fortalecer la intervención del Estado sobre la fauna silvestre y exótica y, al mismo tiempo, cerrar espacios que favorecen la captura, tenencia y circulación irregular de ejemplares.
En Misiones, donde la conservación de la Selva Paranaense depende también de la supervivencia de sus especies, la discusión sobre fauna tiene una dimensión que excede la administración de animales individuales. Se trata de establecer quién puede tenerlos, bajo qué condiciones, de dónde provienen, cómo se trasladan, qué controles atraviesan y qué ocurre con ellos cuando quedan bajo custodia estatal. La normativa que ahora se discute busca convertir esas preguntas en reglas precisas y mecanismos de control verificables.
