La intervención de ambos organismos se produjo tras detectar trabajos sin habilitación ambiental ni documentación técnica en una zona ribereña de alto valor ecológico. El Ministerio de Ecología constató además remoción de vegetación y avanzó con medidas preventivas para resguardar el área. Por su parte, eEl Concejo Deliberante de Candelaria ordenó frenar obras sobre la costa del Paraná y pidió la intervención del Superior Tribunal de Justicia
El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones suspendió una obra ejecutada sin autorización sobre la costa del río Paraná, en la localidad de Candelaria, y dispuso el secuestro preventivo de herramientas y materiales utilizados en el lugar. La medida se adoptó en el marco de un operativo de fiscalización orientado a proteger el ecosistema ribereño y garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
La actuación comenzó la semana pasada, cuando inspectores de la Dirección de Recursos Vitales realizaron una inspección en el predio y verificaron que la construcción avanzaba sin certificado de obra, sin documentación técnica habilitante y sin la correspondiente evaluación de impacto ambiental, requisito obligatorio para intervenciones de estas características.
Por su parte, el Concejo Deliberante de Candelaria ordenó frenar obras sobre la costa del Paraná y pidió la intervención del Superior Tribunal de Justicia. Una resolución aprobada por el cuerpo legislativo municipal dispuso la suspensión preventiva de construcciones privadas en la franja protegida del Camino de Sirga, declaró la nulidad de autorizaciones que contradigan la normativa federal y elevó el caso al máximo órgano judicial de Misiones.
Durante la recorrida del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones, los agentes también detectaron remoción de vegetación en sectores laterales del terreno, una situación que incrementa el riesgo de afectación sobre un ambiente considerado estratégico por su biodiversidad y por las funciones ecológicas que cumple en la protección de las márgenes del Paraná.
Ante esas irregularidades, el organismo notificó formalmente al responsable de la obra y ordenó la paralización inmediata de los trabajos.
Sin embargo, al constatarse posteriormente el incumplimiento de esa disposición, el Ministerio concretó una nueva intervención este miércoles, con el acompañamiento de la Dirección de Defensa del Medio Ambiente y Delitos Rurales de la Policía de Misiones.
Durante el procedimiento se reiteró la notificación al titular del emprendimiento y se procedió al secuestro preventivo de herramientas, equipos y materiales presentes en el lugar. Los elementos permanecerán bajo resguardo hasta que el responsable regularice su situación administrativa y ambiental ante la autoridad competente.
Desde la cartera ecológica recordaron que las costas del río Paraná conforman ecosistemas frágiles y de elevada sensibilidad ambiental. Estas áreas cumplen un papel clave en la conservación de la biodiversidad, la protección de los suelos, la regulación hídrica y la estabilidad de las márgenes del río.
Por ese motivo, toda intervención, construcción o modificación sobre estos espacios requiere la tramitación previa de las autorizaciones correspondientes y la evaluación de sus posibles impactos ambientales. El objetivo es evitar daños que, en muchos casos, resultan difíciles o imposibles de revertir una vez producidos.
El Concejo Deliberante de Candelaria pidió la intervención de la Justicia
El Concejo Deliberante de Candelaria resolvió ordenar la inmediata suspensión y paralización preventiva de todas las obras, construcciones, movimientos de suelo y emprendimientos privados que se desarrollen dentro de la franja protegida del Camino de Sirga sobre la costa del río Paraná.
La medida quedó plasmada en la Resolución N.º 09/2026, aprobada el 9 de junio, en medio de una creciente controversia por la proliferación de construcciones, paradores comerciales y cabañas en sectores costeros de la ciudad comprendidos entre la avenida Costanera y el río Paraná.
En los fundamentos, los concejales sostuvieron que las intervenciones avanzan sobre un área alcanzada por restricciones establecidas en el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, que fija una franja de 15 metros de ancho desde la línea de ribera destinada al libre tránsito, el acceso público y la seguridad de la navegación.
Según el documento, el río Paraná constituye una vía navegable internacional y estratégica protegida por la legislación federal, por lo que cualquier obra que obstaculice el uso público de la costa podría vulnerar normas de orden público vigentes.
El Concejo también cuestionó la actuación del Departamento Ejecutivo Municipal. En la resolución se señala que el cuerpo legislativo había solicitado información sobre los permisos y autorizaciones otorgados para estas construcciones, pero aseguró que el pedido fue “sistemáticamente ignorado” por el intendente municipal.
Los ediles consideraron que la falta de respuesta configura una situación de gravedad institucional y podría implicar incumplimientos vinculados a los deberes de funcionario público.
Además, advirtieron que se cursaron notificaciones a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sin obtener respuestas formales hasta el momento, situación que, según expresaron, profundiza la incertidumbre jurídica y las preocupaciones por eventuales impactos ambientales en una zona sometida a regímenes hídricos especiales.
Suspensión de obras y nulidad de permisos
A través del artículo primero de la resolución, el Concejo ordenó al Ejecutivo municipal la paralización inmediata de toda obra, construcción, movimiento de suelo, cabaña o emprendimiento comercial privado que se encuentre ejecutándose dentro de los 15 metros protegidos por el Camino de Sirga.
La disposición también establece que no podrán emitirse nuevas autorizaciones hasta que se esclarezca la situación jurídica y ambiental de fondo.
En el artículo segundo, el cuerpo declaró la nulidad absoluta y la inoponibilidad de cualquier permiso precario, concesión de hecho, decreto o autorización municipal que contradiga las restricciones impuestas por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Los concejales sostuvieron que el municipio carece de competencia para disponer sobre bienes de dominio público o modificar restricciones federales vinculadas a las riberas.
Intervención judicial y notificaciones
La resolución dispone además remitir una copia certificada del expediente al Superior Tribunal de Justicia de Misiones para poner en conocimiento la situación y solicitar una intervención preventiva ante lo que califican como un posible avasallamiento de normas de fondo y afectación de derechos colectivos y comunitarios.
La normativa ordenó además notificar formalmente a la Entidad Binacional Yacyretá, al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones y a la Prefectura Naval Argentina.
