Asociaciones de Misiones y Corrientes cuestionaron las declaraciones del ministro de Desregulación, quien había celebrado los efectos de la liberalización del mercado yerbatero. Sostienen que la caída del precio de la hoja verde benefició a los sectores más concentrados de la cadena y profundizó la crisis de miles de familias productoras.
Las principales organizaciones de productores yerbateros de Misiones respondieron a las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien días atrás aseguró que “en diez años la industria de la yerba va a ser una cosa irreconocible” y atribuyó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la transformación de una actividad competitiva en un supuesto esquema monopólico.
A través de un documento conjunto, las entidades rechazaron esa caracterización y sostuvieron que el análisis oficial desconoce la estructura real de la cadena yerbatera, integrada por miles de productores, trabajadores rurales, cooperativas, secaderos, molinos y comercializadores con intereses y capacidades económicas profundamente diferentes.
Las organizaciones remarcaron que el INYM nunca intervino directamente en las operaciones comerciales de la actividad. Según explicaron, el organismo no compraba materia prima, no industrializaba yerba ni comercializaba productos terminados, sino que establecía reglas destinadas a equilibrar la relación entre los distintos eslabones de la cadena.
“El INYM no reemplazó al mercado. Su función consistía en introducir condiciones mínimas de equilibrio en una actividad caracterizada por fuertes asimetrías entre quienes producen y quienes compran”, señalaron.
Un mercado con miles de productores y pocos compradores
Uno de los ejes centrales del documento apunta a cuestionar la idea de monopolio planteada por el ministro.
Las asociaciones recordaron que la producción primaria de yerba mate está distribuida entre alrededor de 13.000 productores, una estructura que, por definición, impide la existencia de una posición monopólica por parte de quienes ofrecen la materia prima.
Por el contrario, sostienen que el mercado funciona bajo una lógica oligopsónica, donde un número reducido de compradores concentra gran parte de la demanda y dispone de una capacidad económica, financiera y logística muy superior a la de los pequeños y medianos productores.
Según describieron, esa situación genera negociaciones profundamente desiguales. Mientras las empresas pueden almacenar, industrializar y esperar mejores condiciones de mercado, las familias productoras necesitan vender la cosecha para sostener su economía cotidiana.
“Eso no constituye una negociación entre partes equivalentes, sino la imposición de condiciones por parte del actor con mayor poder económico”, advirtieron.
La disputa por los precios
Las entidades también cuestionaron la afirmación oficial según la cual la desregulación permitió reducir significativamente el precio de la yerba para los consumidores.
Aseguran que la variable que efectivamente se redujo fue el valor de la hoja verde percibido por los productores, que en muchos casos cayó a la mitad respecto de los valores vigentes antes de la eliminación de las facultades regulatorias del INYM.
En ese sentido, plantearon que la disminución de los ingresos de los productores no tuvo una traducción proporcional en las góndolas.
“Si la materia prima vale mucho menos y el consumidor no observa una reducción equivalente en el precio final, resulta legítimo preguntarse dónde quedó esa diferencia”, sostuvieron.
Para las asociaciones, el debate de fondo pasa por identificar quiénes capturaron la renta generada por esa transferencia de ingresos dentro de la cadena productiva.
El documento señala que en el mercado de yerba mate existe una fuerte concentración comercial y recuerda que dos empresas reúnen aproximadamente la mitad de las ventas en góndola. A ello suman el poder de negociación de las grandes cadenas comerciales y la incidencia de la carga tributaria.
Bajo ese escenario, consideran que los beneficios de la desregulación quedaron concentrados en los eslabones con mayor capacidad económica, mientras los costos recayeron sobre productores y trabajadores rurales.
El impacto social detrás de la crisis
Las organizaciones afirmaron que la discusión excede las variables económicas y alcanza a la estructura social que sostiene la actividad yerbatera en Misiones y Corrientes.
Advirtieron que detrás de cada reducción en el precio pagado al productor existen consecuencias directas sobre miles de familias agrarias, cooperativas, comercios locales y trabajadores vinculados a la cosecha y al procesamiento de la yerba mate.
“Cada centavo que pierde el productor impacta sobre comunidades enteras que dependen de esta economía regional”, expresaron.
En ese marco, manifestaron preocupación por un modelo de crecimiento basado exclusivamente en mayores exportaciones si ese proceso implica la desaparición progresiva de productores familiares, el debilitamiento del cooperativismo y una creciente concentración de la renta.
“Exportar más no puede significar producir menos productores”
El comunicado también pone en discusión el rumbo futuro de la actividad.
Los referentes yerbateros coincidieron en la necesidad de aumentar la competitividad y expandir las exportaciones, aunque advirtieron que el desarrollo del sector debe incluir a todos los actores de la cadena.
“Exportar más no puede significar producir menos productores”, resumieron.
Las entidades sostienen que la fortaleza de la yerba mate argentina no reside únicamente en los volúmenes de producción o en las ventas al exterior, sino también en la historia, la cultura productiva y el arraigo territorial construido durante generaciones por pequeños y medianos agricultores.
Según plantearon, vaciar de contenido social a la actividad para transformarla exclusivamente en un commodity global pondría en riesgo uno de los principales diferenciales que hoy distinguen a la yerba mate argentina en los mercados internacionales.
La causa judicial
Las asociaciones recordaron además que actualmente se encuentra en trámite una acción judicial vinculada a las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional sobre el funcionamiento institucional del INYM.
La demanda busca determinar si un decreto presidencial puede eliminar herramientas regulatorias que durante décadas funcionaron como mecanismos de equilibrio entre los distintos sectores de la cadena yerbatera.
El documento fue firmado por el titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Hugo Sand; el presidente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, Jorge Skripczuk; el representante de la Asociación de Yerbateros del Alto Uruguay, Antonio Franza; el presidente de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, Julio Alfredo Petterson; y el titular de la Cooperativa Río Paraná Limitada, Salvador María Torres.
Para las organizaciones, el desafío consiste en construir una yerba mate más competitiva sin sacrificar la base productiva que sostiene a miles de familias del nordeste argentino. La advertencia apunta a una pregunta que atraviesa todo el debate: si el crecimiento del sector avanza acompañado por la desaparición de productores y comunidades rurales, lo que se volverá irreconocible no será solamente la industria yerbatera, sino parte de la identidad económica y social de Misiones.
