El oficialismo ya había logrado el miércoles quedarse con el dictamen de mayoría en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Niñez, Presupuesto y Justicia. El despacho reunió 81 firmas con el respaldo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales.
La iniciativa establece en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales o secuestros. En esos casos, la pena máxima podrá llegar hasta los 15 años de prisión. La privación de la libertad quedará reservada como último recurso.
Para delitos con penas menores, el texto prevé un abanico de medidas alternativas: amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares o de conducir vehículos.
La sustitución de la prisión podrá aplicarse en delitos con penas de hasta tres años, o hasta diez si no hubo muerte ni violencia grave, con dictamen fiscal favorable y audiencia a la víctima. También se habilitan la suspensión del juicio a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves.
