El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ubicó hoy a directivos de la AFA en el “epicentro” de la investigación por supuesto lavado de dinero con la compra de una mansión en Pilar y otros bienes, a partir de pruebas clave como la que comprobó que una tarjeta de crédito que usa el supuesto testaferro, Luciano Pantano, es corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino y tiene gastos por unos 50 millones de pesos al mes.
Entre estos gastos están los telepases de algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la casaquinta de Villa Rosa, Pilar. El magistrado rechazó apartarse del caso y enviarlo al juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Advirtió que “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y habría sido cometido “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”.
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Al respecto remarcó que el supuesto testaferro y dueño formal de la mansión y otras propiedades bajo investigación paga consumos con una tarjeta de crédito “que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino”.
En la resolución donde rechazó el planteo de inhibitoria basado en razón de territorio que le cursó González Charvay, -porque las propiedades están en Pilar-, el magistrado porteño aludió a la prueba que hay en la causa y mencionó el informe “sobre la tarjeta American Express de Luciano Pantano que paga, entre otros consumos, el PASE de los automotores secuestrados” en la quinta de Villa Rosa. “Allí surge que pertenece a una cuenta corporativa de la Asociación de Fútbol Argentino, que tiene como domicilio la calle Viamonte 1366 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», remarcó en la resolución a la que tuvo acceso Infobae.
La tarjeta de crédito cuyo resumen llegaba a la sede de la AFA a nombre de Luciano Pantano pagaba telepases de autos de alta gama secuestrados en Pilar
Aguinsky destacó que “en esa tarjeta aparecen numerosos consumos y pagos de servicios con un promedio mensual de 50.000.000 de pesos en lo que va de enero a diciembre de 2025. Esos gastos deben ser investigados para corroborar si están o no vinculados con el predio de Villa Rosa, Pilar y para que, en caso de tratarse de un delito en curso, cesen sus efectos en forma inmediata”, advirtió.
Para el juez el “epicentro” del caso no está en Pilar. “El núcleo de la investigación no es la casa de Villa Rosa, sino que es la Asociación del Fútbol Argentino cuyo asiento y domicilio legal está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a escasos 800 metros de la sede de este tribunal (Sarmiento 1118 CABA) y a 82 km. de distancia del Juzgado Federal de Campana», remarcó al negarse a ceder el caso a su par bonaerense.
También recordó que el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial asoció esta investigación con la que se abrió por presunta evasión de aportes e impuestos por parte de la AFA por un total de 19 millones de pesos, que se sigue en otro juzgado de ese mismo fuero en CABA, a cargo del juez Diego Amarante. Esta imputación “ completa el cuadro indiciario señalado” en lo referido a delitos que antecedieron al lavado de activos y que se sospecha se cometió con la adquisición de la casa de Pilar y otras propiedades y bienes, a nombres de testaferros, -en el caso Pantano y su madre-, quienes figuran como titulares de la sociedad compradora.
El estado actual de la causa “permite otorgar un anclaje distinto y más preciso para la determinación del acto relevante a los fines de dirimir la cuestión de competencia territorial”, analizó Aguinsky sobre el planteo de inhibitoria del juez de Campana.
El fuero Penal Económico agregó, es “de especialidad, creado para el conocimiento y juzgamiento de conductas que, por su complejidad técnica y su impacto en el orden económico y financiero, requieren un abordaje jurisdiccional específico”.
“No se encuentra cuestionado que corresponde a este fuero el entendimiento en causas vinculadas con maniobras destinadas a introducir, disimular o dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito”, remarcó también.
Aguinksy comunicó el rechazo del planteo de inhibitoria a González Charvay y si este último no lo acepta, el conflicto escalará y será resuelto por la Cámara Federal de San Martín, como tribunal de apelaciones.
Mientras tanto la investigación seguirá adelante en el juzgado en lo penal económico 10 que subroga el juez, con la feria judicial de enero habilitada.
