Desde que asumió Javier Milei en diciembre de 2023, la política de ajuste radical en el gasto público tuvo un efecto devastador en la obra pública nacional. Según datos oficiales, 2.308 obras en ejecución quedaron paralizadas, incluyendo proyectos clave de infraestructura en rutas, hospitales, puentes, cloacas, escuelas, universidades y redes de agua potable, entre las principales.
El freno no solo afecta a obras ya iniciadas, sino también a aquellas que estaban en proceso de licitación o evaluación. De las paralizadas, 523 contaban con financiamiento y habían sido aprobadas en el Presupuesto nacional, mientras que otras 615, solicitadas por gobernadores e intendentes, estaban en etapa de factibilidad, es decir, en estudio para ver si eran viables o no.
Algunas provincias sufrieron especialmente este recorte. Misiones perdió 64 obras y Corrientes, 61, proyectos que incluían desde pavimento urbano hasta mejoras en aeropuertos y electrificación rural. La paralización significa postergar el desarrollo por un lado, mientras impacta de manera negativa, también, en la pérdida masiva de puestos de trabajo, ya que el sector de la construcción es uno de los principales generadores de empleo en el país.
A partir de ahí, se genera un efecto dominó que hace crecer el desempleo y deja a la maquinaria inactiva. La obra pública no solo mueve mano de obra directa, sino también a una cadena de proveedores, transportistas y fabricantes de materiales. Con las obras detenidas, miles de trabajadores quedaron fuera del sistema, mientras que maquinaria pesada permanece inutilizada, generando costos adicionales por mantenimiento y depreciación, indican los empresarios.
Esta situación adquiere relevancia ya que el desplome de la obra pública profundiza la recesión económica, ya que el sector construcción es un termómetro histórico de la actividad interna. La falta de inversión en infraestructura básica, como cloacas y agua potable, además, agrava problemas sociales en zonas postergadas, donde estos proyectos eran una esperanza de mejora en la calidad de vida.
Mientras el Gobierno insiste en su ajuste como medida para sanear las cuentas públicas, el costo se traduce en obras abandonadas, empleos destruidos y un país que, literalmente, dejó de construirse.
El reclamo de los gobiernos provinciales y municipales, además de las organizaciones de trabajadores, reclaman por la reactivación de las inversiones y anhelan la reparación del daño causado a una industria que, durante décadas, fue motor del desarrollo argentino.
