En una de las decisiones institucionales más sensibles del año político en Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua firmó (foto inferior) el Decreto 776, que establece exámenes toxicológicos obligatorios, anuales y aleatorios para funcionarios del Poder Ejecutivo provincial, autoridades superiores y personal de áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del Estado.
La medida quedó enmarcada dentro del “Año de la Prevención de Consumos Problemáticos” y alcanza al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios, subsecretarios y personal jerárquico de la administración central. También incluye a integrantes de directorios de entes autárquicos, sociedades del Estado y empresas con participación estatal mayoritaria.
El decreto extiende además los controles toxicológicos a efectivos de las fuerzas de seguridad, agentes del Servicio Penitenciario Provincial y trabajadores del sistema público de salud. En todos los casos, los análisis buscarán detectar consumo de sustancias psicoadictivas ilegales.
Passalacqua comunicó la decisión a través de sus redes sociales y vinculó la medida con estándares de transparencia y responsabilidad institucional. “Cada persona con poder de decisión debe ejercer sus funciones con la idoneidad y la ética que la familia misionera merece”, expresó el mandatario.
El texto oficial establece que quienes actualmente ocupen cargos alcanzados por la normativa deberán someterse a pruebas toxicológicas periódicas “de manera anual y aleatoria”, con el objetivo de sostener criterios de seguimiento permanente en el ejercicio de la función pública.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud Pública, que tendrá a su cargo la reglamentación de los procedimientos técnicos y operativos. El decreto habilita además el trabajo conjunto con la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones para la elaboración de protocolos específicos.
Uno de los puntos centrales de la normativa aparece en el artículo 4, donde se indica que, ante la detección de sustancias ilegales, deberán activarse los mecanismos previstos por la Constitución provincial y la legislación vigente. La disposición incorpora además criterios de asistencia integral, contención y acompañamiento interdisciplinario para las personas alcanzadas por los controles.
El Gobierno provincial remarcó que el sistema deberá garantizar confidencialidad, protección de datos personales, derecho de defensa, privacidad y no discriminación durante todo el proceso de evaluación.
La decisión instala un nuevo esquema de control interno dentro de la administración pública misionera y abre un precedente político sobre estándares de conducta y aptitud para ejercer cargos de responsabilidad estatal.
