Raúl “Rulo” Báez, sobreviviente de la última dictadura cívico-militar, anunció que presentará una denuncia penal contra la concejal electa de Montecarlo, Patricia Buckmayer (La Libertad Avanza), por realizar comentarios que glorifican los vehículos utilizados en secuestros durante el terrorismo de Estado.
La polémica surgió cuando Buckmayer (foto principal) compartió en redes sociales una publicación sobre un supuesto rediseño del Ford Falcon —modelo emblemático de los grupos de tareas— con el comentario: «Y encima verde. Ford. Falcon. Con un baúl mejorado. Apto para acarrear zurditos. Llorando».
Báez (secuestrado en 1976 en un Falcon verde), en una entrevista en Canal 4 Posadas con el periodista Ariel Sayas calificó las palabras de la funcionaria como «apología del delito» y recordó que «aún hay 30.000 desaparecidos, entre ellos docentes como Juan ‘el Negro’ Figueredo».
«Esta señora va a tener que rendir cuentas. No podemos naturalizar esto», afirmó el expreso político, quien sufrió torturas durante su cautiverio. Báez presentará la denuncia esta semana en el Juzgado Federal 3 de Posadas, amparado en el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona la justificación de crímenes de lesa humanidad.
En la nota, destacaron la gravedad del hecho en una provincia donde la dictadura «hizo estragos», citando casos como los de Analía Muruat y Ricardo Torres, víctimas de Montecarlo. Báez, también subrayó el contraste entre el discurso de Buckmayer y el consenso social sobre el Nunca Más: «Argentina es ejemplo mundial en derechos humanos. Ella tendrá problemas hasta para viajar».
La entrevista concluyó con un llamado a defender la memoria: «Ese Falcon no es un chiste. Para mí fue el principio de un infierno», cerró Báez.
Separan a la docente Buckmayer y disparan un sumario administrativo
Este miércoles cerca del mediodía, desde el Consejo General de Educación (CGE) de Misiones informaron que ese organismo resolvió la separación preventiva de Patricia Buckmayer, vicedirectora de la Escuela 661 de Montecarlo y concejal electa (asumiría en diciembre) por La Libertad Avanza, tras un polémico posteo en redes sociales donde celebró una publicación de un Ford Falcon verde —símbolo del terrorismo de Estado— generado por inteligencia artificial, donde ironizó que el vehículo volvía con el baúl grande para acarrear zurditos, un procedimiento comprobado de la última dictadura militar que secuestró, asesinó, torturó y desapareció personas con ese procedimiento y ese vehículo.
Fue la propia titular del Consejo General de Educación de Misiones, Daniela López, quien confirmó la medida en declaraciones a Radio News y adelantó la apertura de un sumario administrativo. «Le queda muy grande el título docente a quien reivindica la dictadura», afirmó López, y subrayó que la conducta de Buckmeyer constituye «una falta de alta magnitud» según la normativa educativa.
Este lunes trascendió una publicación de Buckmeyer en su red pública y abierta de Facebook (en un desesperado intento por minimizar su acto delictivo al reivindicar y celebrar el accionar de la dictadura, esta mujer escribió en la misma red que su posteo era privado y que lo sacaron sin su consentimiento del muro de su Facebook —¿?–), donde compartió una imagen generada por inteligencia artificial que simulaba un nuevo modelo del Ford Falcon pintado de verde —color icónico de los vehículos usados por los grupos de tareas para secuestros— junto al texto: «Nahhh, y encima verdeeee!!! Ford Falcon, con un baúl mejorado apto para cargar zurditos llorando».
La publicación generó repudio en redes y organismos de derechos humanos, dado que la Argentina registra unas 30.000 víctimas del terrorismo de Estado, según datos de la Comisión Provincial de la Memoria, y unos 500 bebés y niños apropiados de manera ilegítima en esos años oscuros.
Daniela López aseguró que el CGE garantiza «una educación basada en valores democráticos» y pidió disculpas a las familias de los alumnos. «Quienes vivimos la lucha por la democracia no podemos tolerar estos mensajes», agregó.
La medida se tomó en paralelo a una denuncia penal que presentará Raúl «Rulo» Báez, sobreviviente de centros clandestinos, quien fue secuestrado en Posadas en 1976 en un Falcon verde. Báez acusó a Buckmeyer de violar el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona la apología de crímenes de lesa humanidad.
Buckmeyer, también intentó minimizar el hecho después de varias reivindicaciones desde su propia red, para calificarlo después como un «chiste políticamente incorrecto» y de simular un pedido de disculpas: la mujer no se disculpó sino que escribió que pedía disculpas «a las personas q se sintieron ofendidas por la publicación que realicé en mi red social de Facebook ´PRIVADA´» (SIC). Es decir, la disculpa no fueron por sus publicaciones sino «a quienes se sintieron ofedidas», ratificando de esa manera su accionar y corriendo la culpa a los terceros ofendidos.
Esta mujer que primero defendió sus declaraciones como «libertad de expresión» y pretendió encuadrar el delito de reivindicación del accionar represivo para desaparecer personas, fue electa concejal por La Libertad Avanza (el espacio de Javier Milei) y debería asumir su banca en diciembre, aunque ante la gravedad del delito que promocionó y festejó, distintos sectores de la comunidad avanzan con denuncian para evitar que asuma como concejal de un organismo de la democracia.
Este proceso disciplinario que se disparó desde el CGE podría derivar en su destitución como docente. Expertos en derecho constitucional consultados por este medio coinciden en que, de probarse la intencionalidad apologética (disciplina que busca defender racionalmente una creencia, doctrina o posición, en este caso a favor de los métodos de secuestro, torturas y desapariciones forzadas del terrorismo de Estado entre 1976 y 1983), que podría incluso inhabilitársela para ejercer cargos públicos.
El caso reavivó el debate sobre la libertad de expresión (libertad que está garantizada aún en este caso, pero que no la exime de las consecuencias y sanciones que corresponden ante la comisión de un delito) y la responsabilidad de los funcionarios en la preservación de la memoria histórica.
