El Ministerio de Seguridad argentino que lidera Patricia Bullrich dio un paso sin precedentes al crear un cuerpo de agentes encubiertos digitales con identidades ficticias validadas por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Las resoluciones 828/2024 y 829/2024, publicadas este martes en el Boletín Oficial, regulan su actuación en redes sociales y además, establecen una «escuela de infiltrados» bajo supervisión de un consejo académico liderado por un juez federal, justo cuando la crisis golpea con dureza a todo el país y comienza las protestas. El plan de Bullrich de mantener callada a la población bajo amenaza de ser sancionados se circunscribe en un contexto de creciente criminalización de la protesta social y reformas policiales por decreto, para hablar prácticas hasta ahora ilegales.
La medida, presentada como un avance contra el crimen organizado, reactiva debates sobre los límites de la vigilancia estatal en democracia. Organizaciones de derechos humanos denuncian que «legaliza prácticas irregulares preexistentes», mientras analistas señalan que replica modelos internacionales con historiales polémicos, desde el espionaje a periodistas en México hasta la persecución de independentistas catalanes en España.
Protocolos, identidades falsas y una unidad «fantasma»
El esquema que oficializó la funcionaria sindicada como activa en las guerrillas de los años 70, se basa en tres pilares: una Unidad Especial de Agentes Encubiertos creada en noviembre de 2023 mediante la resolución 1253, que funciona como enlace entre la Justicia y las fuerzas federales. Su directora, Graciela Kowalewsky —formada en el mismo centro de estudios que Victoria Villarruel— reporta a Fernando Soto, abogado del policía Luis Chocobar y operador clave de Bullrich.
Para las actuaciones, los medios de alcance nacional, estableció un protocolo de autorizaciones para estas actividades: un fiscal solicita la infiltración mediante oficio judicial; la fuerza propone un agente, donde el abogado Soto tiene poder de veto (bajo una suerte de «control de calidad») mientras el RENAPER genera documentos para identidades ficticias, incluso «excepcionalmente» posteriores a la misión.
De manera paralela, la Ministra impulsó un Consejo Académico presidido por el juez Ricardo Basílico (vinculado a la reforma del Código Penal), con representantes de las fuerzas y cinco miembros designados por Bullrich. Los cargos duran tres años, «blindando» la estructura más allá de su eventual salida del Gobierno.
La justificación oficial se ampara en la Ley 27.319 (que Bullrich avaló en 2016 cuando era funcionaria de Mauricio Macri), que regula agentes encubiertos para delitos complejos. Bullrich insiste en que ahora habrá «controles judiciales», pero el juez Alejandro Slokar (Casación) advierte en sus escritos: «Los agentes deben perseguir delitos, no inducirlos» (riesgo de entrapment).
De esta manera, la polémica Ministra convierte al RENAPER en cómplice de la «interna de la inteligencia» ya que el organismo avalará identidades falsas con documentos (DNI) oficiales. Desde la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, tildó a esta arremetida como de «peligroso precedente, según una publicación del diario Página 12, ya que el Estado fabricará ciudadanos ficticios para vigilancias reales», poniendo al RENAPER, base de datos sensible, como vulnerable y expuesto a filtraciones o usos espurios.
Desde Correpi, María del Carmen Verdú recuerda que las fuerzas «ya usaban perfiles falsos irregularmente» mientras la diputada Myriam Bregman (FIT-U) vincula el plan con la «feroz interna» entre Bullrich y Villarruel: «Cada sector arma su grupo de inteligencia. Es una guerra de servicios con dinero público», señaló.
Miradas divididas
Entre los especialistas, Claudio Pandolfi (de UNLa) sostiene que esta situación «normativiza un vacío legal», aunque exige órdenes judiciales previas mientras que en contra, al manifestar su apoyo a la medida, mientras que Marcelo Sain (ex PSA) admite que «todo depende de fiscales y jueces», pero destaca que «Argentina no tiene mecanismos robustos de rendición de cuentas» y por lo tanto, no está de acuerdo.
Un análisis comparado con datos de Amnistía Internacional (de 2022 y 2023) muestra patrones alarmantes. Entre los casos emblemáticos, figuran México (Pegasus espió a periodistas -Carmen Aristegui- y familiares de Ayotzinapa. Pese a las promesas, el software sigue activo); España (el CNI monitoreó a 65 independentistas catalanes. La Audiencia Nacional lo avaló, pero la UE lo investigó por violar derechos digitales); El Salvador (Bukele geolocalizó opositores mediante tweets oficiales, según verificó Amnistía Internacional); Estados Unidos de Norteamérica (el FBI usó el programa COINTELPRO en los 70 para infiltrar movimientos sociales y hoy emplea Palantir, con denuncias por perfiles raciales).
Patrones globales, según Amnistía
Respecto al blanqueo legal d estos temas, Amnistía Internacional informa que el 67% de los países analizados aprobaron leyes que «legalizan» vigilancia masiva (entre ellos, Hungría e India) y advierte que según los objetivos investigados, el 73% de los casos afectaron a disidentes y no a criminales. Advierte además que solo el 12% de las naciones exigen órdenes judiciales para usar spyware.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas tiene a la Argentina en la mira, con advertencias por antecedentes locales: relatores del Pacto de Derechos Civiles y Políticos advirtieron que el plan podría violar el artículo 19 (libertad de expresión) y recuerdan como antecedentes oscuros que durante el macrismo se reveló espionaje ilegal a familiares de víctimas de la AMIA y a periodistas. Hoy, organizaciones temen que los «agentes reveladores» repitan esos esquemas, sobre todos porque son prácticas comunes en las derechas y ultraderechas del mundo, para anular a sus detractores.
Los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales advierten que más que medidas de seguridad, las que impulsa Bullrich son medidas de control social. La funcionaria insiste en una «falsa dicotomía» (seguridad versus privacidad), pero los ejemplos internacionales muestran que, sin garantías, estas herramientas derivan en persecución política. La pregunta clave es quién controlará a los controladores: un sistema judicial ya tensionado por el oficialismo, o una ciudadanía que ve cómo el Estado fabrica identidades para vigilarla.
