Desde hace más de 25 años, Teresa Álvez Ferreyra vive en la Chacra 190 de Posadas, donde levantó su casa y crió a su familia. Sin embargo, hoy se enfrenta a una orden de desalojo que, de concretarse, la dejaría en la calle junto a su nieto de 16 años. A pesar de contar con certificados de posesión otorgados por el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y haber sido censada en varias oportunidades, la Justicia provincial avanza con un proceso judicial que amenaza con arrancarla del lugar que considera su hogar desde 1998.
En una entrevista con Patricia Álvez, hija de Teresa, y con la propia Teresa, se reconstruye la historia de una familia que durante décadas vivió en un terreno que, aseguran, estaba abandonado, y que en los últimos años comenzó a ser reclamado por un nuevo supuesto propietario: Filisberto Omar Rodríguez, funcionario de Energía de Misiones, quien habría adquirido el título de propiedad en 2016, según denunciaron.
“A mí me censó ANSES tres veces por la puerta. Y ¿hace cuántos años que vivo ahí? Desde 1998 estoy en ese terreno”, remarcó Teresa, quien hoy, a sus 74 años, sufre varias enfermedades y discapacidades, situación que agrava aún más el drama que atraviesa su familia.
Según relataron madre e hija, la ocupación del terreno fue legítima y consentida. El predio estaba abandonado y fue adquirido de buena fe a través de un acuerdo con un cuidador del lugar. Durante más de dos décadas, Teresa habitó y mejoró su vivienda con ayuda del IPRODHA y otros programas estatales. Incluso contaban con servicios básicos como luz, hasta que recientemente se les cortó el medidor sin previo aviso. El inmueble se encuentra sobre la avenida Leandro N. Alem, casi 115, una zona que en los últimos años recibió otras de asfaltado y urbanización que cambiaron por completo el barrio.
“RENABAP dice que es tierra del Estado porque la dueña original nunca regularizó la deuda ni los papeles. Y ella misma había dicho que si era para gente humilde, no tenía problema en que ocupen”, recordó Patricia sobre Mónica Teresa Martínez, la propietaria anterior, que actualmente reside en Buenos Aires.
El conflicto se desató cuando un vecino inició trámites de posesión veinteañal y apareció Rodríguez, el nuevo reclamante, quien no solo se opuso a las gestiones de regularización, sino que bloqueó la inscripción de cualquier trámite a nombre de los ocupantes históricos.
Sin voz ni defensa
A pesar de no haber sido demandada directamente en un juicio, Teresa enfrenta una orden de desahucio emitida por el juez Fernando Escalante del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de Posadas. “Presentamos pruebas, recibos, testimonios… todo. Pero el juez dijo que el desahucio es irreversible”, señaló Patricia.
La situación se volvió aún más angustiante cuando intentaron solicitar un abogado de oficio. “El juez lo otorgó, pero cuando mi mamá fue a la entrevista, el abogado le dijo que era una usurpadora y que debía devolver el terreno. Se negó a representarla”, denunció Patricia. La familia tuvo que recaudar dinero para contratar una abogada particular.
La orden de desalojo no solo amenaza el techo de Teresa, sino también su salud y estabilidad emocional. Jubilada, con movilidad reducida y enfermedades crónicas, vive acompañada por su nieto menor de edad. “Es muy injusto. Somos gente humilde, no tenemos otro lugar donde ir”, lamentó.
Mientras tanto, el reclamo por justicia se multiplica en la Chacra 190, donde varias familias censadas por el RENABAP temen vivir la misma situación. Reclaman que el Estado cumpla con los compromisos asumidos cuando reconoció su presencia en el lugar y les otorgó certificados de vivienda. “La tierra es de ellos —dijo Patricia—, o al menos eso dijeron cuando los censaron. Y ahora nadie los defiende”.
El caso de Teresa Álvez Ferreyra desnuda la tensión entre la legalidad formal y la justicia social. En una ciudad donde el acceso al suelo urbano para las familias trabajadoras sigue siendo un privilegio más que un derecho, su historia interpela no solo al Poder Judicial, sino también a los organismos que deberían garantizar una vivienda digna.
Mientras avanza el proceso judicial, Teresa y su familia esperan una respuesta humana que los ampare antes que la topadora del desalojo se lleve también su historia, su esfuerzo y su vida entera.
