(Prensa de TTT). Unas trece familias de la Chacra 239 de Posadas atraviesan una situación angustiante ya que corren riesgo de un desalojo, pese a que cuentan con reconocimiento de posesión de sus viviendas. Habitan un barrio que integra el perímetro del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) y por lo tanto están amparados por una Ley nacional y adhesiones provinciales. Sin embargo recibieron una notificación de desalojo del Juzgado de Instrucción 2, que parece desconocer esa realidad.
Todas los habitantes cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar, expedido por la Anses a través del Renabap, y cumplen con los requisitos que solicita la Ley provincial que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025, la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo o remates de inmuebles, destinados a vivienda única y familiar o producción agropecuaria. Y como indica la norma, realizaron la inscripción correspondiente en el Instituto Provincial del Desarrollo Habitacional (Iprodha).
Una de las madres que vive en el barrio desde hace más de ocho años, pide que se respete la ley que los protege y se tenga en cuenta que hay más de 30 niños y niñas que podrían quedar en la calle.
«Estamos desesperados, y esperamos que no se lleve a cabo esa orden y en caso de que insistan, es necesario que haya una alternativa para que no nos saquen a la calle con nuestros hijos, que nos resuelva el problema habitacional», reclamó la mujer.
Reclaman que se cumpla con las leyes que los protegen
Hace cinco años estas familias ya tuvieron un intento de desalojo por orden de la Justicia, que luego fue suspendido porque presentaron la documentación que los respalda por ser parte de un barrio Renabap, y que demuestra que éstas familias ya cuentan con el reconocimiento de su legítima posesión tanto del Estado nacional como provincial, a través de la ejecución de programas de las que fueron beneficiarias, y de la bajada de luz de parte de la Empresa de Energía Eléctrica, por ejemplo.
En este caso procedieron de la misma manera, y desde el momento en que les llegó la notificación recurrieron a organismos como Defensoría del Pueblo y la Subsecretaría de Tierras y Hábitat para evitar el desalojo.
«Estamos haciendo todos los trámites y esperamos que el juez tenga empatía y cumpla con la ley que nos protege. Mientras, estamos en alerta, muy preocupados porque cometerían una gran injusticia», señaló Cecilia, madre de una niña de 4 años.
Los vecinos y vecinas de la Chacra 239, convocaron al secretario general del Movimiento Evita Misiones, Martín Sereno, y en las reuniones mantenidas, manifestaron que van a luchar porque conocen sus derechos sobre las viviendas que construyeron con mucho esfuerzo.
«Nos preocupa la notificación que nos llegó un domingo, avisando que nos dan un plazo de unos pocos días para que abandonemos nuestras casas. Es doloroso porque sabemos que la ley nos ampara, y quedó demostrado en el 2019 cuando tuvimos el primer intento de desalojo», afirmó Luis Alberto Aspeleiter, padre de seis hijos de 3 a 17 años, tres de ellos nacidos en ese barrio.
Todos coinciden en que aunque tienen trabajo, muchos de ellos informales, no podrían pagar el alquiler de una vivienda. «No pedimos que nos regalen nada; pero tampoco desconocemos que el Estado debe darnos la posibilidad de tener un techo para nuestras familias», agregaron.
«Sus derechos a la posesión están reconocidos»
El referente del partido Tierra, Techo y Trabajo, junto a un grupo de militantes se está ocupando en ayudar a las familias, y acompañando la lucha que llevan adelante.
«Estuvimos en el barrio con los vecinos e iniciamos las gestiones ante diversas instituciones para que se revierta la medida judicial, es evidente que no imparte justicia, sino todo lo contrario si se expulsa a las familias a la calle, algo inhumano y dramático en este momento tan crítico social y económicamente», enfatizó.
Entiende que las familias se sienten angustiadas ante el riesgo del desalojo, y después de vivir muchos años en esa chacra. «Estamos haciendo todo lo posible para que la Justicia revea esta injusticia porque su derecho a la posesión está reconocido desde el momento en que los propios organismos nacionales y provinciales les habilitaron programas como «Mi pieza» y «Mi baño», destinados a mujeres, mayores de 18 años, residentes en Barrios Populares del Renabap y que le permitió ampliar sus viviendas. Además tengamos en cuenta que el 30 de octubre, hace menos de un mes, la Cámara de Diputados sancionó la prórroga de suspensión de desalojos en la provincia», recordó el dirigente.
Sereno detalló que a partir de las presentaciones hechas por las familias y las gestiones institucionales realizadas, se acordó en la Justicia otorgar un plazo que les permitirá presentar toda la documentación que avala sus derechos posesorios, buscando de esta manera ejercer el derecho a legítima defensa y que se revierta el fallo.
«Construimos nuestra casa con mucho esfuerzo»
La preocupación que invade a los hogares es el miedo a perder lo que lograron con mucho esfuerzo. «Levantamos nuestras casas de cero y con el fruto del trabajo que cada vez cuesta más sostener. Yo vivo con mi esposo y mis hijos de 5 y 11 años. Ellos van a la escuela del barrio, acá tienen a sus amigos y están muy asustados. Vemos que les cuesta dormir y nos preguntan si de verdad la policía nos dejará en la calle, y no tenemos respuestas», lamentó Fernanda Bacher, con lágrimas en los ojos.
Esta madre confía en la ley: «Gracias al Certificado de Vivienda Familiar del Renabap que nos dio la Anses pudimos bajar el medidor de luz, servicio que estamos pagando, y ahora esperamos que pase el conducto para la instalación del agua potable, porque queremos mejorar y vivir en condiciones dignas. Le pedimos al juez que deje sin efecto esa orden de desalojo, porque si nos saca de nuestro hogar, nos veremos obligados a dormir en la calle. Es imposible alquilar teniendo una familia numerosa, y acá somos 13 las familias trabajadoras y estamos angustiadas desde que recibimos la notificación», remarcó Fernanda.
