El Presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario, una decisión que se oficializó tras la masiva marcha de docentes y estudiantes en las principales ciudades del país. El mandatario justificó su decisión argumentando que «es momento de que los legisladores actúen con responsabilidad y dejen de hacer populismo demagógico con los recursos públicos». Este veto, publicado en el Boletín Oficial, provocó una inmediata reacción de la oposición, que solicitó una sesión especial para rechazarlo.
El miércoles, miles de docentes y estudiantes se movilizaron hacia el Congreso para exigir la promulgación de la Ley de Financiamiento Educativo. Esta protesta se replicó en varias ciudades con universidades nacionales, manifestando un fuerte apoyo a la legislación que busca asegurar presupuesto para mantenimiento y salarios en las instituciones educativas.
Diversos bloques opositores, entre ellos la Coalición Cívica, Encuentro Federal y Unión por la Patria, pidieron este jueves una sesión especial para el 9 de octubre con la intención de rechazar el veto de Milei. Diputados que anteriormente apoyaron el veto a la reforma jubilatoria ahora se suman al rechazo del veto universitario, lo que indica un cambio en la correlación de fuerzas dentro del Congreso.
El presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, junto al titular de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, manifestaron su intención de insistir con la promulgación de la ley. Ferraro, en declaraciones a Futurock, en Buenos Aires, expresó confianza en lograr una mayoría significativa para superar el veto presidencial.
La diputada de Innovación Federal, Pamela Calletti, dijo que apoyará la ley como coautora del proyecto y criticó duramente el veto presidencial. La incertidumbre persiste en el PRO, con figuras como Horacio Rodríguez Larreta y Guadalupe Tagliaferri participando en la marcha pero sin definir su postura oficial.
Desde Balcarce 50, Milei y su equipo se preparan para la batalla legislativa, conscientes de la necesidad de garantizar los 87 votos necesarios para mantener el veto.
El cuestionado vocero presidencial, Manuel Adorni, cuyo sueldo alcanzó los cinco millones de pesos en medio de esta crisis y recortes de parte del Gobierno, reiteró que el financiamiento universitario debe discutirse en el contexto del Presupuesto 2025 y no mediante una ley específica. El aumento de su sueldo, sin embargo, fue una decisión unilateral.
En este contexto, el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario sigue siendo incierto. La oposición busca revertir el veto, mientras que el oficialismo defiende su postura alegando responsabilidad fiscal. La posibilidad de una judicialización del conflicto añade un nuevo elemento a esta compleja situación política.
