En medio de la controversia por el financiamiento universitario, el círculo más cercano del presidente Javier Milei propuso transferir la gestión de las universidades nacionales a las provincias. Sin embargo, esta propuesta enfrenta múltiples obstáculos constitucionales y políticos que dificultan su implementación.
La idea de descentralizar la educación universitaria y pasarlas a cada provincia para que administren las universidades de sus territorios generó rechazo y debate. Esta propuesta, que busca que las provincias puedan decidir si arancelan o no la educación superior, aparece en un momento crítico, marcado por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario y la inminencia de una marcha universitaria programada para la próxima semana.
Pero esta transferencia choca con leyes y la Constitución. El artículo Segundo de la Ley 24.521 de Educación Superior establece que el Estado nacional es responsable del financiamiento y supervisión de las universidades nacionales. Además, el artículo 75, inciso 2, de la Constitución, indica que cualquier transferencia de competencias requiere la reasignación de recursos, con la aprobación del Congreso y de las legislaturas provinciales involucradas. Este marco legal implica que el Gobierno debería presentar un proyecto de ley que no solo se apruebe en ambas cámaras del Congreso, sino también en las legislaturas provinciales, lo cual es políticamente complejo y requiere un amplio consenso.
Dentro de la Casa Rosada, las opiniones están divididas, según se desprende de los testimonios y notas de distintos medios periodísticos: algunos funcionarios de Milei consideran viable la descentralización, otros advierten que sería un error político significativo.
El propio secretario de Educación, Carlos Torrendell, negó que hayan analizado la propuesta con altos funcionarios, aunque abogó por una descentralización educativa que fortalezca el Consejo Federal de Educación.
Marcha y respuesta
El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, cuestionó la marcha universitaria porque, aseguró, no se interrumpió el diálogo con las universidades y buscan garantizar su funcionamiento. La marcha, convocada para el 2 de octubre, coincide con el límite para la publicación del veto presidencial, lo que añade tensión a la situación.
