En respuesta al veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento educativo recientemente aprobada por el Senado, la comunidad universitaria intensificará sus protestas. La Federación Universitaria Argentina (FUA), junto con sindicatos de docentes y no docentes, convocaron a un paro de actividades en las universidades de todo el país para el jueves 26 de septiembre y una marcha federal para el 2 de octubre.
Las medidas de fuerza, anunciadas por la FUA, la Federación de Docentes de las Universidades Nacionales (Fedun), la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), y los sindicatos de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA y APUBA), se producen en un contexto de crisis profundizada por las políticas de ajuste implementadas desde fines del año pasado.
El conflicto estalló tras un mensaje del presidente Milei en su cuenta de X, donde confirmó el veto a la ley de financiamiento educativo, argumentando que “la última palabra sobre el veto la tiene el presidente”. La ley vetada proponía aumentar los fondos destinados a las universidades nacionales, contemplando los gastos de funcionamiento y los salarios de profesores y personal no docente, en función del índice de inflación y un mecanismo de recomposición salarial.
El Consejo Superior de la UBA reveló que los salarios de los docentes universitarios perdieron entre un 35% y un 55% de su poder adquisitivo desde diciembre pasado. La presidenta de la FUA, Piera Fernández, destacó que «el 85% de los docentes se encuentran por debajo de la línea de pobreza, y el 60% de los no docentes».
El próximo 2 de octubre, la comunidad universitaria volverá a movilizarse, replicando la marcha federal del 23 de abril, para defender la educación superior pública y exigir al Congreso que rechace el veto presidencial. Las columnas universitarias se dirigirán al Congreso de la Nación; esepran un acompañamiento social significativo, similar al de la movilización anterior.
La comunidad universitaria, con apoyo de la sociedad, busca reivindicar el derecho a una educación pública de calidad y rechazar las políticas de ajuste que afectan a la ciencia, la tecnología y la formación profesional en Argentina.
