El Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior y dio por cerrado el marco regulatorio de programas emblemáticos de intervención económica y fomento al consumo. La decisión alcanza a Ahora 12, Cuota Simple, Precios Cuidados, el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y las regulaciones que obligaban a los colegios privados a informar anticipadamente sus aranceles.
La administración de Javier Milei avanzó este martes con una nueva etapa de su política de desregulación al eliminar 58 resoluciones y disposiciones que regulaban distintos aspectos del comercio interior. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio y la Disposición 534/2026 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, publicadas en el Boletín Oficial.
Según informó el Gobierno, el objetivo consiste en reducir la carga regulatoria, eliminar normas consideradas obsoletas y simplificar el entramado administrativo. La Secretaría de Industria, Comercio y PyME sostuvo que la revisión apunta a brindar mayor claridad jurídica, eliminar superposiciones normativas y reducir la incertidumbre para empresas y consumidores.
La decisión forma parte del proceso de desregulación impulsado desde diciembre de 2023. De acuerdo con datos oficiales, ya fueron derogadas alrededor de 240 normas vinculadas a comercio, industria y defensa del consumidor.
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es la eliminación definitiva de unas 30 normas relacionadas con los programas Ahora 12 y Cuota Simple. El Gobierno argumentó que esos esquemas de financiamiento perdieron vigencia porque no fueron prorrogados y que la normalización del mercado crediticio vuelve innecesaria su continuidad regulatoria.
Ahora 12 había sido durante años uno de los principales instrumentos de estímulo al consumo en Argentina, permitiendo compras financiadas con tasas subsidiadas en múltiples rubros. Tras la llegada de Milei al poder fue reemplazado por Cuota Simple, un programa más acotado que inicialmente ofrecía financiamiento en tres y seis cuotas y luego incorporó otros plazos.
La resolución también eliminó la normativa residual vinculada a Precios Cuidados, una política de acuerdos de precios creada para contener aumentos en productos de consumo masivo. El programa había sido reemplazado por Precios Justos durante la gestión anterior y dejó de aplicarse tras el cambio de gobierno.
Otro de los cambios alcanza a la educación privada. Quedaron derogadas cuatro normas que obligaban a los establecimientos educativos privados a informar con anticipación sus aranceles y, en determinados casos, requerían autorización estatal para aplicar incrementos. El Gobierno considera que esos mecanismos generaban distorsiones y dificultaban que las instituciones ajustaran sus costos de acuerdo con las condiciones económicas vigentes.
La limpieza regulatoria también incluyó 22 disposiciones relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino (FETA), un instrumento creado para intervenir en la cadena triguera y moderar el impacto de los aumentos internacionales sobre el precio de la harina y el pan. El fideicomiso había sido liquidado en 2024 y las normas asociadas permanecían formalmente vigentes.
En paralelo, la Disposición 534/2026 derogó la Resolución 236/2021, que habilitaba a adolescentes de entre 13 y 17 años a presentar reclamos ante organismos nacionales de defensa del consumidor. La Subsecretaría argumentó que el Código Civil y Comercial ya reconoce la capacidad progresiva de los menores de edad y que existen mecanismos específicos de protección para consumidores vulnerables, por lo que la norma resultaba redundante.
Desde el Ministerio de Economía sostienen que la acumulación de regulaciones durante las últimas dos décadas generó superposición de competencias, procedimientos desactualizados y dificultades para determinar cuáles disposiciones seguían vigentes. La eliminación de este paquete normativo se inscribe además en la misma lógica de la denominada «Ley Hojarasca», el proyecto promovido por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que busca eliminar legislación considerada obsoleta.
Para el Gobierno, la medida representa un paso más hacia un modelo con menor intervención estatal en los mercados. Para sus críticos, en cambio, implica el cierre definitivo de herramientas que durante años buscaron sostener el consumo, moderar precios y regular sectores sensibles de la economía. La discusión vuelve a plantear uno de los ejes centrales de la gestión de Javier Milei: cuánto debe intervenir el Estado en el funcionamiento de los mercados y cuáles son los costos sociales de retirar esos mecanismos de regulación.
