El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, tras el rechazo del veto presidencial por parte del Congreso. La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 681/2025, pero su ejecución quedó suspendida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
El Ejecutivo debió promulgar la ley tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en ambas cámaras, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Decreto 681/2025 invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.
La justificación del gobierno para no ejecutar la ley de Discapacidad
El texto oficial, el gobierno de Milei apuntó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Justificó que si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma. “Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señalaron en el texto.
