Este lunes comenzó en Posadas el juicio oral contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, acusados de tenencia, distribución y facilitación de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI), agravado por involucrar a víctimas menores de 13 años y abuso sexual sin acceso carnal. El Tribunal Penal 1, integrado por los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Viviana Gladis Cukla y César Antonio Yaya, será el encargado de evaluar las pruebas en un proceso que se extenderá hasta el 16 de abril, con la mayoría de las audiencias a puertas cerradas para proteger a las víctimas.
Los imputados llegaron al Palacio de Justicia en un operativo coordinado entre el Servicio Penitenciario Provincial y la Policía de Misiones, que desplegó un amplio dispositivo de seguridad. Más de 100 efectivos custodian el lugar, reforzados por canes entrenados en detección de explosivos.
La fiscalía, a cargo de Martín Rau y Vladimir Glinka, presentará 603 videos digitales como prueba central, que incluyen escenas de abuso sexual, violación y ultraje contra menores, además de material con contenido zoofílico. Los archivos fueron hallados durante allanamientos realizados en 2023, tras una investigación iniciada por la organización internacional Guardianes Digitales de la Niñez. En el domicilio de Sebastián Kiczka en Apóstoles se incautaron dispositivos con más de 900 archivos de explotación infantil, muchos descargados y compartidos por Germán entre diciembre de 2023 y enero de 2024.
Sebastián enfrenta una acusación adicional por abuso sexual simple contra una niña de Santiago del Estero, lo que complejiza el caso al vincular delitos digitales con agresiones físicas.
Captura y repercusiones
Tras intentar huir, los hermanos fueron detenidos en agosto de 2024 gracias a una alerta roja de Interpol. Germán fue arrestado en Loreto (Corrientes), y Sebastián, en San Juan de la Sierra (Misiones). La recompensa de 5 millones de pesos ofrecida por el gobernador Hugo Passalacqua aceleró su captura.
El caso generó un impacto político inmediato. Germán, exdiputado por el bloque Activar —vinculado a Juntos por el Cambio—, arrastró a su mentor, Pedro Puerta, quien evitó apariciones públicas tras el escándalo. La sociedad misionera reaccionó con indignación, mientras organizaciones como Red por la Infancia destacaron la importancia del juicio para combatir redes de explotación infantil.
La fiscalía solicitó penas de 15 años de prisión efectiva. Con 67 testigos citados y pruebas digitales contundentes, el proceso busca sentar un precedente en la lucha contra los crímenes digitales y la protección de menores en Argentina.
