A tres años de la invasión de miles de bolsonaristas a las sedes de los tres poderes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, envió un mensaje contundente: no habrá beneficios para quienes atentaron contra la democracia. En medio de cánticos de sus seguidores que exigían que no hubiera amnistía, el mandatario vetó la polémica legislación aprobada por el Congreso a finales de 2025.
Dicha normativa proponía una reducción de penas de hasta un 70% para los implicados en la trama golpista, un beneficio que tenía un destinatario claro: Jair Bolsonaro. El ex presidente de 70 años cumple desde finales de noviembre una condena de 27 años de prisión tras ser hallado culpable de conspiración para perpetuarse en el poder. Bajo la ley actual, Bolsonaro debe pasar aproximadamente ocho años tras las rejas antes de poder solicitar una flexibilización de su encierro. El proyecto vetado por Lula habría reducido ese plazo a poco más de dos años y cuatro meses.
Durante su discurso, Lula reivindicó la resistencia institucional frente a los disturbios del 8 de enero de 2023. «Ese día quedó marcado en nuestra historia como el día de la victoria de nuestra democracia sobre los que intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad expresada en las urnas», sentenció el líder del PT.
El presidente también respaldó el accionar del Tribunal Supremo, destacando que juzgó a los acusados con «pruebas fuertes» y resistiendo presiones. Vale recordar que las investigaciones judiciales confirmaron que el plan de los insurrectos no solo buscaba una intervención militar, sino que contemplaba el asesinato del propio Lula y de otras altas autoridades. «No aceptamos ni una dictadura civil, ni una dictadura militar», afirmó Lula.
El Congreso brasileño, donde la oposición conserva una fuerza considerable, tiene la potestad de anular la decisión de Lula. Para lograrlo, el bolsonarismo necesita reunir el apoyo de 257 diputados y 41 senadores. La reacción del clan Bolsonaro no se hizo esperar. El senador Flavio Bolsonaro, hijo del ex mandatario y su posible sucesor político para las elecciones de 2026, calificó el veto como una «persecución política descarada» y prometió trabajar para derrumbarlo en el recinto legislativo.
La situación de Bolsonaro
Mientras se define su futuro legal, Jair Bolsonaro permanece recluido en la sede de la Policía Federal en Brasilia. Su defensa intentó recientemente conseguir la prisión domiciliaria tras alegar problemas de salud, pero el pedido fue rechazado por la Corte Suprema.
El ex presidente salió de su celda en dos ocasiones para recibir atención médica: una por una cirugía de hernia inguinal y otra tras sufrir una caída que le provocó un golpe en la cabeza, sin consecuencias graves.
