(Por Karem Calix: abogada y miembro de Profesionales por los DDHH y contra la Represión Estatal, para LID). El reciente fallo del Tribunal de Sentencia Anticorrupción Cuarto de El Alto, que se declaró incompetente para juzgar a Jeanine Áñez en la vía ordinaria por las masacres de Senkata y Ovejuyo, marca un nuevo capítulo en la larga cadena de dilaciones y maniobras que buscan garantizar la impunidad de los responsables del golpe de Estado de 2019. La justicia, bajo el argumento de que se necesita un juicio de responsabilidades debido a su condición de expresidenta, ha aplazado nuevamente un caso que lleva casi seis años sin una respuesta real para las víctimas.
Si bien Áñez no debería salir en libertad por tener sentencia ejecutoriada de 10 años de prisión en el proceso conocido como Golpe II, donde fue hallada culpable de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución, todo es posible en manos de esta justicia al servicio de los ricos y derechistas. Este fallo le favorece en los casos vinculados a las masacres de Senkata y Sacaba.
Según la normativa boliviana, un juicio de responsabilidades es un proceso destinado a expresidentes y altas autoridades por presuntas faltas en el ejercicio de sus funciones. Requiere el aval de dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para iniciar.
Luego de las elecciones presidenciales del pasado este 17 de agosto donde la derecha disputará la segunda vuelta, la conformación de la ALP, que asumirá en el mes de noviembre del presente año, quedará en manos de la derecha. El MAS queda reducido a tan solo 2 representantes en la Cámara de Diputados mientras que ALIANZA LIBRE de Tuto Quiroga y UNIDAD de Doria Medina suman poco más de la mitad de diputados quedando el resto compuesto por representantes del PDC. En la Cámara de Senadores LIBRE y UNIDAD suman la mitad, según los resultados oficiales y el MAS quedó fuera.
Significa que Áñez logra este fallo en un escenario favorable, donde prácticamente todas las bancadas legislativas están en manos de los mismos actores que impulsaron y legitimaron el golpe y la represión de 2019. Este fallo es un duro golpe judicial para las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba, Ovejuyo y Pedregal, que aún siguen sin justicia.
El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI, 2021) estableció que los sucesos en Senkata y Sacaba, Ovejuyo y el Pedregal constituyeron masacres. En ese lugar, las fuerzas policiales y militares hicieron un uso “excesivo” de la fuerza, lo cual resultó en violaciones severas de los derechos humanos, detenciones arbitrarias e irregulares, torturas y ejecuciones extrajudiciales. Asimismo, el informe refutó la versión oficial que buscaba argumentar la represión en El Alto, evidenciando que no había un verdadero peligro de explosión en la planta de YPFB. Los sucesos fueron consecuencia de una operación que el Estado había planificado y llevado a cabo con el fin de suprimir la oposición popular al golpe.
Áñez, Camacho y Pumari no son los únicos responsables de las masacres y de las víctimas de tortura. También están detrás de esos crímenes personajes como Tuto Quiroga, Carlos Mesa, Samule Doria Medina, la Resistencia Juvenil Cochala, la Unión Juvenil Cruceñista y las cúpulas policiales y militares que participaron activamente en la asonada derechista de 2019. Todos ellos formaron parte de un frente reaccionario, cívico, militar y clerical, que abrió paso al régimen de facto y desencadenó una de las represiones más sangrientas desde el retorno a la democracia.
No obstante, esta impunidad no puede ser explicada únicamente a través de la perspectiva judicial. El rol del Movimiento al Socialismo (MAS) ha tenido un impacto decisivo. En vez de liderar una lucha coherente por la verdad y la justicia, el MAS ha empleado los trámites judiciales como moneda de cambio para llegar a acuerdos con la oposición golpista. No solo eso, dividieron a las organizaciones de las víctimas, intentaron cooptarlas y las desmovilizaron. Si bien aseguraban justicia para las víctimas y sus familias, en la realidad esos compromisos se han vuelto solo palabras. A lo largo de estos años el oficialismo ha estado más centrado en sus disputas internas por la sigla del partido que en proteger los derechos de las víctimas de tortura y masacre. Han negociado con la sangre derramada, aprovechándose de manera vil de los sectores populares que pusieron en ellos su esperanza y confianza.
A esta traición se añade la responsabilidad de Evo Morales, quien en primer lugar dejó el país en noviembre de 2019, exponiendo a la población a la represión; y después, en 2020, desmovilizó a los que habían cercado a Áñez en agosto, pidiéndoles que esperaran las elecciones en vez de derrocar al régimen con movilizaciones. Los acuerdos de impunidad entre la derecha y el MAS, así como las instituciones corruptas, no generarán justicia verdadera.
Desde el ProDHCre (Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal) consideramos que la única manera de conquistar la justicia es impulsando la más amplia movilización independiente, denunciando la impunidad de los golpistas y derechistas que hoy creen que pueden atropellar a las y los trabajadores y al pueblo. Para esta tarea es urgente poner en pie una organización independiente para la defensa de los DDHH de las y los trabajadores. Lamentablemente la APDHB (Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia) se ha transformado en la oficina de los DDHH de los golpistas, por eso es que necesitamos impulsar una organización por los DDHH que responda a los intereses de las y los trabajadores, mujeres, población LGTBIQ+ y demás bases populares, indígenas y campesinas que no se resignan a esperar eternamente mientras los verdugos disfrutan de la libertad.
