El Gobierno nacional formalizó este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización de Intercargo S.A.U., la empresa estatal encargada de los servicios de asistencia en tierra a aeronaves en los aeropuertos argentinos. A través de la Resolución 1067/2025, publicada en el Boletín Oficial, se ordenó la venta del 100% del paquete accionario, sin otorgamiento de preferencias ni programas de propiedad participada.
La decisión se enmarca en la Ley de Bases impulsada por el oficialismo, que incluye a Intercargo entre las compañías sujetas a privatización, en línea con la política del presidente Javier Milei de desmontar el rol empresarial del Estado.
Según establece la resolución, la operación se concretará mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional. Para ello, el Ministerio de Economía instruyó a la Secretaría de Transporte a elaborar la documentación técnica y contractual necesaria, y a iniciar los trámites para rescindir, de común acuerdo, el contrato de concesión con el Estado.
Además, se exigió la actualización del inventario de activos tangibles e intangibles y se convocará a una entidad bancaria pública para tasar la empresa y administrar el proceso. El plazo estipulado para concretar la privatización es de ocho meses.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas será el organismo encargado de coordinar el cronograma, mientras que la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar la continuidad del servicio durante el proceso, sin afectar la conectividad nacional e internacional.
Este avance llega en paralelo con la desregulación del mercado de servicios de rampa, otra medida del Ejecutivo que puso fin al histórico monopolio de Intercargo y permitió el ingreso de seis nuevas empresas al sector: MNZS S.A., Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A. y Escalum Investment S.A.
Según voceros de la Secretaría de Transporte, la liberalización del servicio apunta a «mejorar la competitividad, atraer inversiones y ofrecer servicios de mayor calidad para aerolíneas y pasajeros».
Así, la privatización de Intercargo se inscribe en una ofensiva más amplia del Gobierno por achicar el Estado, abrir mercados y reducir su presencia empresarial, incluso en áreas estratégicas como el sistema aeroportuario.
