El Gobierno nacional continúa avanzando con el proceso de privatización de la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A., en el marco de la Ley de Bases y el plan del presidente Javier Milei de reducir la participación estatal en la economía. La medida fue formalizada este jueves mediante la Resolución 1049/2025, publicada en el Boletín Oficial.
El proceso se había iniciado el 10 de febrero de este año e involucra una serie de acciones encabezadas por el Ministerio de Economía, destinadas a profundizar el retiro del Estado como operador del sistema ferroviario de cargas. La Secretaría de Transporte fue instruida para elaborar la documentación técnica y contractual necesaria, con la intervención de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
Además, se procederá al remate público del material rodante bajo administración de Belgrano Cargas, tarea que requerirá un inventario y diagnóstico previo. También se avanzará en la concesión de las vías férreas y los inmuebles adyacentes de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, así como en la concesión del uso de los talleres ferroviarios asociados.
La Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el cumplimiento del cronograma que establece un plazo de 12 meses para completar el proceso desde su inicio. En paralelo, se solicitará a un banco estatal que realice las evaluaciones técnicas y económicas correspondientes. El Banco de la Nación Argentina será el responsable de administrar los fondos que se obtengan del remate del material rodante, recursos que se destinarán al financiamiento de obras ferroviarias.
Todos los procedimientos se desarrollarán a través de las plataformas oficiales SUBAST.AR y CONTRAT.AR. Con estas medidas, el Estado dejará de operar el transporte ferroviario de carga y también cederá el manejo de la infraestructura, aunque los terrenos y las vías seguirán siendo de propiedad estatal y regresarán al Estado una vez concluidas las concesiones.
La privatización de Belgrano Cargas se suma a una larga lista de empresas públicas que el oficialismo busca reconfigurar o desprender en nombre de un Estado más “eficiente”, aunque el proceso ya genera tensiones con sectores sindicales y gobernadores que advierten sobre su impacto en regiones estratégicas del país.
