La jueza neoyorquina Loretta Preska rechazó este lunes el pedido del Gobierno argentino para suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la nacionalización de la petrolera, una causa que representa una posible erogación de hasta 16.000 millones de dólares.
La decisión fue confirmada por el especialista en litigios financieros Sebastián Maril, quien sigue de cerca el caso desde los tribunales estadounidenses.
El Gobierno había solicitado un “stay”, es decir, una suspensión temporaria del cumplimiento de la sentencia, argumentando que continuará presentando apelaciones y, en caso de un nuevo revés, no descarta acudir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Preska rechazó el planteo, lo que permite que el proceso judicial siga su curso y se inicien los pasos necesarios para avanzar con la ejecución de la sentencia.
En la apelación presentada la semana pasada, la defensa argentina sostuvo que la orden judicial viola principios del derecho federal estadounidense, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y las normas de cortesía internacional. Además, señaló que se trata de un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
Como parte de su argumentación, el Gobierno también mencionó una Declaración de Interés emitida por el Departamento de Justicia durante la administración de Donald Trump, que consideró como un respaldo a la posición argentina.
La jueza Preska, que falló inicialmente a favor de los fondos litigantes, había convocado a las partes a negociar, pero con esta nueva resolución deja firme la sentencia y habilita el avance del proceso judicial.
