La jueza de Nueva York Loretta Preska comunicará este lunes si acepta el pedido del Gobierno argentino de suspender la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre que iniciaron el juicio por la expropiación de la petrolera.
La definición llega días después de que la defensa argentina apelara formalmente ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. La presentación advierte que, de mantenerse el fallo adverso, el país podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.
Entre los argumentos esgrimidos por Argentina se señala que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), el derecho federal norteamericano y principios de cortesía internacional. También se menciona el respaldo implícito del Departamento de Justicia de EE.UU. durante la gestión de Donald Trump, mediante una Declaración de Interés que fue incorporada a la causa.
El gobierno argentino advierte, además, sobre lo que califica como un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, sosteniendo que la decisión judicial excede los límites legales y diplomáticos.
