La Cámara Federal de Casación Penal revisará dos cuestiones clave en torno a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: su arresto domiciliario y la colocación de la tobillera electrónica. El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que la condenó en la causa Vialidad, concedió las apelaciones presentadas por el fiscal Diego Luciani y por la defensa encabezada por el abogado Carlos Beraldi.
Luciani reclama que la ex mandataria, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta, cumpla su pena en una cárcel común y no en su domicilio del barrio porteño de Constitución. En tanto, la defensa cuestiona el uso del dispositivo de monitoreo electrónico, señalando que su aplicación representa una interpretación incorrecta del artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal.
Ambos planteos serán ahora analizados por la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, que ya había fijado una audiencia para el lunes 7 de julio por otro recurso: la apelación contra el régimen de visitas restringido que rige para Cristina Kirchner.
Además, el TOF 2 deberá resolver si autoriza la visita del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la ex jefa de Estado en su domicilio. La solicitud fue presentada por su defensa y se encuentra pendiente de decisión.
El caso Vialidad, que motivó la condena a Cristina Kirchner en diciembre de 2022, sigue generando movimientos judiciales de alto impacto político, en un contexto en el que la ex mandataria cumple su pena bajo arresto domiciliario tras el rechazo, en primera instancia, del pedido de prisión efectiva.
