(Por Pablo Lapuente para Letra P). La primera vez que en el gobierno se mencionó la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue a principios de agosto, en una reunión privada entre Javier Milei y Santiago Caputo, quien diseñó la reforma que este lunes anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. La idea del asesor estrella es avanzar en el desguace del Estado y, arguyen en su entorno, desplazar a funcionarios de segundas y terceras líneas que responden al último candidato presidencial del peronismo: “Vamos por los curros de Sergio Massa”, dicen en la Casa Rosada.
Poner en el centro de la escena al excandidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en medio de la interna del peronismo tributa también a la estrategia de dividir y reinar que ejecuta la Casa Rosada y tuvo hace horas nada más a Cristina Fernández de Kirchner como blanco.
Luego de aquel encuentro entre el Presidente y su asesor estrella, los equipos técnicos del gobierno advirtieron que no era posible eliminar la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El argumento central esgrimido fue que habría problemas con la fiscalización de Aduanas y que debían atravesar un sinnúmero de vericuetos políticos y legales para llevarlo adelante, por lo que recomendaban pasar sus competencias al Ministerio de Economía bajo el nombre de Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La decisión, que finalmente comunicó Adorni y quedaría oficializada en el Boletín Oficial esta misma semana, le permite a LLA continuar con desregulación y vaciamiento de los organismos públicos, mientras -dice la administración libertaria- se desprende de funcionarios de segundas y terceras líneas que responden al exministro de Economía. “Parecía imposible desarmar la red de corrupción que habían creado”, aseguró a Letra P una fuente que camina por los pasillos de la sede de gobierno diariamente.
El gobierno festeja un despido masivo de más de 3.000 personas
Según cálculos de la administración central, la AFIP tiene una planta total de 21.410 empleados y la medida implica un ahorro presupuestario de 6.400 millones de pesos al año y el despido de 3.155 trabajadores que, dicen, ingresaron entre 2020 y 2023 gracias al auspicio de Massa.
“Se reducirá en un 45% las autoridades superiores, casta política, y un 31% de empleados en niveles inferiores. En total se van a eliminar el 34% de los cargos públicos”, dijo Adorni durante la conferencia de prensa en la que no admitió preguntas de la prensa acreditada.
“Además, serán desvinculados unos 3.100 empleados que ingresaron durante el último gobierno. Esto implica un ahorro en torno a los $6.400 millones”, agregó.
La guerra silenciosa entre la Casa Rosada y Sergio Massa
La propuesta que le llevó Caputo a Milei se dio después de que, a mediados de mayo, impulsara el desplazamiento de Rosana Lodovico al frente de la Aduana, argumentando denuncias en su contra por presunto recibo de sobornos. Fue reemplazada por Eduardo Mallea, socio del buffet Bruchou & Funes de Rioja, señalado como uno de los estudios jurídicos que escribió parte de los artículos de la Ley Bases.
Más allá de aquel primer cambio en esta estructura, desde hace tiempo Caputo busca depurar el gabinete. Lodovico era funcionaria de carrera. Tenía una una extensísima carrera en el organismo, al que ingresó en 1993. Había quedado al frente de la Aduana después de la renuncia de Guillermo Michel, en diciembre.
Con la flamante creación de ARCA, la administración libertaria decidió poner caras nuevas en dos direcciones del organismo: Andrés Eduardo Vázquez estará a cargo de la Dirección General Impositiva (DGI) y José Andrés Vélis irá a Aduana. Reemplazan a Gabriel Ramírez y Mallea, respectivamente. Éste último, tras cinco meses de gestión, tampoco funcionó. “Elegimos a Vázquez y Véliz por experiencia y confianza”, remarcaron.
“Teníamos que lograr hacer un organismo más eficaz en la recaudación y control y cortar de raíz los circuitos de corrupción que tenía organizado el massismo”, dijo a este medio un funcionario al tanto de los cambios y no descartó que puedan iniciar acciones judiciales contra algunos de los desplazados. Por estas horas es una incógnita qué sucederá también con Marco Lavagna, el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que se quedó en el gobierno gracias a Massa.
