Por Nicolas Schamne
En un país que atraviesa una crisis social, económica e institucional sin precedentes desde el retorno democrático, el bochorno protagonizado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no es una anécdota más. Es, lamentablemente, una postal precisa del modo de ejercer el poder que tiene este gobierno: improvisado, frívolo y profundamente alejado de cualquier noción de responsabilidad pública.
La escena es casi grotesca. Una grabación difundida en medios muestra al ministro Cúneo Libarona asegurándole a Tim Ballard —exagente estadounidense y figura mediática en campañas contra la trata de personas— que él “modificó el Código Penal” argentino tras ver su película. Como si una política criminal pudiera diseñarse desde la butaca de un cine. Peor aún: ofrece “conectarlo” con un periodista argentino con quien Ballard ya mantiene contacto directo. El desconcierto no radica solo en la vanidad del funcionario, sino en su absoluta desconexión con los tiempos que vivimos. ¿De qué seriedad puede jactarse un ministro que presume haber creado delitos durante un fin de semana?
No es solo un problema de formas. El fondo es aún más grave. En el intento de recomponer el vínculo con Ballard, Patricia Bullrich se sube a una ola de difamación, difundiendo denuncias de abuso contra el exagente que —hasta el momento— no tienen respaldo judicial alguno. En vez de actuar con prudencia, la ministra optó por reproducir acusaciones infundadas, desinformando y manchando gratuitamente la reputación de un actor extranjero vinculado a operaciones sensibles contra redes de trata. ¿Qué imagen proyecta un gobierno cuyos principales referentes de justicia y seguridad compiten por mostrarse más erráticos?
Este episodio no ocurre en el vacío. Acontece en un país donde los jubilados son reprimidos por reclamar sus haberes, donde los docentes sufren amenazas por defender la educación pública, y donde el ajuste económico se implementa con una ferocidad que margina a millones. En ese marco, la conducta de los ministros no solo resulta escandalosa: es peligrosa. Porque banaliza las instituciones y les resta toda autoridad frente a una ciudadanía golpeada y descreída.
Desde una perspectiva nacional y popular, comprometida con la soberanía y los derechos humanos, resulta inaceptable que se juegue así con las políticas públicas más sensibles. La trata de personas no es un tema para la propaganda. El Código Penal no es un cuadernillo de campaña. Y los funcionarios no están para sacarse fotos con figuras mediáticas, sino para gobernar con responsabilidad, ética y convicción.
Las consecuencias de este tipo de episodios son múltiples. En el plano internacional, deterioran nuestra credibilidad como Estado. A nivel interno, consolidan un relato de desidia que se traduce en una pérdida de confianza generalizada en la política. Y a nivel estratégico, ponen en riesgo luchas históricas del pueblo argentino: la defensa de los derechos humanos, la autonomía de la justicia, el respeto a la verdad.
Si hay algo que el peronismo enseñó —desde Evita hasta los organismos de derechos humanos— es que el Estado debe estar al servicio del pueblo, no del espectáculo. Gobernar no es improvisar ni correr detrás de titulares. Es asumir la enorme responsabilidad de construir una Argentina justa, libre y soberana. Quien no lo entienda así, no debería ocupar una banca en el gobierno de la patria.
N. de la R:
Un video filtrado muestra al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ofreciendo usar sus contactos políticos y mediáticos para «limpiar» la imagen del controvertido exagente estadounidense Tim Ballard en Argentina. El canal C5N difundió imágenes grabadas con cámara oculta en las que se ve al funcionario del gobierno de Javier Milei reunido con Ballard –conocido por inspirar la película Sonido de Libertad– en Nueva York. Durante el encuentro, Cúneo Libarona le prometió gestionar reuniones con jueces, legisladores y periodistas argentinos para revertir lo que calificó como un «malentendido» sobre su figura en el país.
En el video, el ministro se ofrece para coordinar encuentros con jueces de distintas jurisdicciones; conectarlo con legisladores y revisar un proyecto de ley antes de su envío al Congreso; gestionar cobertura mediática favorable, mencionando incluso al periodista Rolando Graña («Puedo hablar con Rolando para armarle algo lindo»).
El caso reavivó el debate sobre el uso de influencias por parte de un alto funcionario, en un gobierno que prometió combatir la corrupción y el privilegio de la «casta».
Quién es Tim Ballard: es un activista conservador y autoproclamado exagente de la CIA (aunque su paso por la agencia nunca fue confirmado), fundó Operation Underground Railroad (OUR), una organización contra la trata de personas. Sin embargo, su reputación se vio manchada por denuncias de acoso sexual por parte de excolaboradoras durante operativos encubiertos, lo que llevó a su salida de OUR; cuestionamientos por métodos espectaculares y poco transparentes en sus «rescates»; vínculos con teorías conspirativas, como su afirmación de que los críticos de su película «normalizan la pedofilia».
Este video expone un conflicto ético: un ministro de Javier Milei ofrece acceso privilegiado a poderes del Estado para beneficiar a una figura extranjera con denuncias en su contra. La situación contrasta con la retórica oficial de «transparencia» y abre interrogantes sobre los vínculos del gobierno con actores internacionales polémicos.
