Australia aprobó este jueves una ley que prohíbe totalmente el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, la primera medida de su tipo a nivel mundial, en medio de un intenso debate en la sociedad australiana y de cuestionamientos por parte de las grandes empresas tecnológicas.
La medida obliga a Instagram, Facebook, TikTok, X, Snapchat y otras plataformas a impedir que los menores inicien sesión en sus cuentas. De lo contrario, podrían enfrentar multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos, el equivalente a u$s32 millones. Las primeras pruebas comenzarán en enero y la ley entrará en vigor a fines de 2025.
Países como Francia y algunos estados de Estados Unidos han aprobado leyes similares para restringir el acceso de los menores a las redes sociales, pero la prohibición australiana es absoluta, por lo que servirá de referencia para numerosos gobiernos que planean establecer medidas en este sentido.
La ley fue aprobada por el Senado de Australia tras una sesión maratónica que se desarrolló en el último día del año parlamentario. La votación representa una victoria política para el primer ministro de centroizquierda Anthony Albanese y, según las últimas encuestas, la ley es respaldada por el 77% de la población.
«La legislación sobre la prohibición de las redes sociales se publicó y aprobó en una semana y, como resultado, nadie puede explicar con seguridad cómo funcionará en la práctica: la comunidad y las plataformas no saben qué se les exige exactamente», sostuvo en un comunicado Sunita Bose, la directora general de Digital Industry Group, asociación que nuclea a la mayoría de las plataformas.
El dueño de X y futuro funcionario de Donald Trump, Elon Musk, aseguró días atrás en X que esta medida le parecía una «forma encubierta de controlar el acceso a Internet de todos los australianos». Un portavoz de Meta, la empresa propietaria de Facebook, consideró que Australia «apresuró la aprobación de la legislación sin considerar adecuadamente la evidencia».
La Comisión Australiana de Derechos Humanos dijo que la ley podría violar los derechos humanos de los jóvenes al interferir con su capacidad de participar en la sociedad, y defensores de la privacidad advirtieron que la ley podría llevar a una mayor recopilación de datos personales. La medida fue fuertemente respaldada por grupos de padres.
