El exjuez y coordinador del capítulo argentino de COPAJU convocó a una jornada sobre noticias falsas que se realizará el viernes 23 de octubre en la Legislatura. En una entrevista con Canal 4 Posadas, también propuso crear una Defensoría General y distribuir competencias que hoy concentra el Superior Tribunal de Justicia.
César Raúl Jiménez reclamó un debate sobre las responsabilidades de quienes producen y difunden información falsa y sostuvo que la regulación debe alcanzar también a la inteligencia artificial. Durante una entrevista en Info Cuatro, de Canal 4 Posadas, el exjuez advirtió sobre los daños sociales e institucionales de la desinformación y convocó a periodistas, integrantes del sistema judicial y ciudadanos a discutir qué herramientas pueden ofrecer las instituciones frente a ese fenómeno.
“Tenemos que buscar las herramientas necesarias para que la comunicación sea una comunicación veraz”, afirmó. Jiménez, coordinador del capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU), consideró que la velocidad de circulación de los contenidos y el alcance de las redes sociales dificultan la respuesta ante una falsedad.
El encuentro “Fake news: desinformación, derechos y responsabilidades” tendrá lugar el viernes 23 de octubre, desde las 8.30, en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes de Misiones. COPAJU y la Legislatura organizan la actividad, que contará con exposiciones de Roberto Andrés Gallardo, presidente del comité; Juan Pablo Espeche, fiscal especializado en ciberdelitos; Lucas Ciarniello Ibáñez y Genoveva Ferrero, del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas.
Jiménez explicó que la convocatoria será abierta al público y expresó su interés en que participen periodistas. Según adelantó, la jornada incluirá la firma de un convenio marco de capacitación entre la Cámara, COPAJU y el instituto, además de las exposiciones y el intercambio con los asistentes.
En su planteo, la responsabilidad por la desinformación también alcanza a los comunicadores. Señaló que las falsedades pueden surgir de distintos actores y cuestionó las prácticas que distorsionan la realidad desde espacios con capacidad de influir en la opinión pública. A su juicio, sus consecuencias pueden persistir incluso después de una rectificación.
Consultado sobre posibles sanciones, se pronunció a favor de una regulación y sostuvo que los daños pueden tener consecuencias civiles o penales. También consideró necesario un abordaje internacional, porque los contenidos pueden originarse en otro país y circular por las mismas plataformas. Durante la entrevista expresó esa posición general, aunque no desarrolló una propuesta normativa ni precisó qué conductas deberían recibir sanciones.
Los cambios que propone para la Justicia
Jiménez también examinó la organización judicial de Misiones y planteó la necesidad de distribuir funciones que, según describió, concentra el Superior Tribunal de Justicia. Propuso contar con juzgados y cámaras con competencia en materia contencioso-administrativa y tributaria, además de una Cámara de Casación.
El exmagistrado sostuvo que esa estructura permitiría que los órganos especializados y las instancias ordinarias asumieran tareas que hoy llegan al máximo tribunal provincial. Reconoció que la propuesta exige más recursos y personal, pero vinculó esa inversión con el derecho de las personas a obtener respuestas en plazos razonables. “La justicia lenta no es justicia”, resumió.
Otro de sus planteos fue la creación de una Defensoría General, para separar la conducción de la defensa pública de la jefatura de los fiscales. Según explicó, ambas responsabilidades confluyen actualmente en la Procuración General.
Sobre el camino para concretar ese cambio, distinguió la creación de juzgados mediante una ley de la modificación que, a su entender, requiere la conducción de la defensa pública. Sostuvo que la Defensoría General necesita una reforma constitucional y aclaró que existen otras interpretaciones que consideran suficiente una ley. Presentó esa conclusión como su opinión jurídica.
La conversación también abordó la renovación generacional dentro del Poder Judicial. Jiménez contó que se jubiló en noviembre de 2025, después de cumplir 65 años y completar 37 años de trayectoria como secretario, fiscal y juez. Dijo que tomó la decisión de retirarse para dar lugar a profesionales más jóvenes y cuestionó el apego al poder y a los privilegios que puede acompañar la permanencia en un cargo.
“El tema es no creerte que la justicia te da privilegios y no creerte que sos parte de una familia. Tu familia está en tu casa”, expresó. Desde esa mirada, defendió una administración judicial más cercana a las personas que recurren a ella y señaló que la actualización profesional debe acompañar la apertura a nuevas generaciones.
En otro tramo de la entrevista, relató su participación en un encuentro en el Vaticano sobre emergencia climática. Reclamó que el Estado y las instituciones fortalezcan la prevención y la preparación ante fenómenos extremos, y sostuvo que el ámbito judicial también debe incorporar conocimientos científicos para abordar sus consecuencias.
Para la jornada del viernes, insistió en la participación de quienes trabajan con información como una condición para ampliar la discusión. “Me encantaría que vayan muchos periodistas para que se genere el debate”, invitó.
