La Cámara de Representantes de Misiones sancionó la ley impulsada por el gobernador Hugo Passalacqua que amplía las facultades de fiscalización a sociedades estatales y con participación mayoritaria del Estado. La norma entrará en vigencia el 1 de enero de 2027 e incluirá informes anuales obligatorios al Poder Legislativo.
Las empresas con participación estatal en Misiones quedarán sujetas al control directo del Tribunal de Cuentas, tras la aprobación por unanimidad alcanzada ayer en la Cámara de Representantes. La nueva legislación, presentada por el gobernador Hugo Passalacqua y tratada en el cierre del período de sesiones ordinarias, busca garantizar un seguimiento sobre los recursos públicos administrados por sociedades estatales, anónimas y de economía mixta.
La iniciativa, enviada originalmente por el gobernador Hugo Passalacqua e impulsada por el bloque del Movimiento Por Lo Que Viene, modifica la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Con los cambios aprobados, la fiscalización alcanzará de forma explícita a las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y cualquier entidad en la que el Estado provincial o municipal posea la mayoría del capital o el control en la toma de decisiones.
Durante el debate y tratamiento en comisión, la norma incorporó un punto sustancial para la rendición de cuentas: el Tribunal de Cuentas deberá elevar de forma obligatoria un informe anual a la Legislatura con los resultados de todas las auditorías realizadas. La medida entrará formalmente en vigencia el 1 de enero de 2027.
La iniciativa responde a un eje fijado por el propio Poder Ejecutivo provincial. Al respaldar e impulsar el proyecto de ley, el gobernador Hugo Passalacqua enfatizó sobre la filosofía de la gestión pública actual: «Hoy en Misiones gobernar es rendir cuentas a diario», sostuvo el mandatario provincial.
Por su parte, el diputado José Luis Pastori ponderó que el texto aprobado genera un marco regulatorio obligatorio que no estaba contemplado previamente en la provincia: «Esto representa un avance en materia de transparencia», destacó Pastori, al tiempo que detalló el alcance operativo de las auditorías: «El Tribunal deberá verificar si el gasto que hacen estas empresas se corresponde, si contiene los papeles respaldatorios», y agregó que la medida «mejora la institucionalidad y la transparencia de la provincia».
Durante la sesión, el diputado y miembro informante del dictamen, Alejandro Arnhold, remarcó que las diferentes figuras jurídicas que adopta el Estado no deben ser un condicionante para la revisión del erario público: «La diversidad de estructuras jurídicas del Estado no debe convertirse en un obstáculo para controlar el destino y la utilización de los recursos públicos», afirmó Arnhold, y afirmó que «fortalecer el control no significa desconocer las competencias de cada órgano».
En esa misma línea, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Anazul Centeno, subrayó el consenso alcanzado en el recinto parlamentario: «El proyecto fue ampliado con aportes de los distintos bloques», señaló y ponderó el trabajo legislativo plural que derivó en la votación por unanimidad.
Finalmente, el diputado Juan José Szychowski explicó que este nuevo marco normativo completa los mecanismos de auditoría preexistentes en cada organismo. Aclaró que la ampliación de atribuciones del Tribunal de Cuentas se suma a los controles internos, balances y auditorías que ya efectúan las firmas estatales, y precisó que la norma «no implica que pase a dirigir las empresas», sino a auditar el correcto destino de sus fondos.
