A través de Cancillería y Migraciones, la Justicia busca determinar si las autoridades conocían la situación judicial de Flávio Bolsonaro. La jueza Capuchetti también ordenó revisar cámaras de seguridad para reconstruir su paso por Argentina.
TN. La jueza federal María Eugenia Capuchetti hizo lugar al pedido de la fiscal Paloma Ochoa y ordenó una serie de medidas preliminares para investigar si el Gobierno de Javier Milei encubrió la fuga de Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos a través de la Argentina. La causa busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios nacionales facilitaron el traslado del dirigente brasileño.
La magistrada dispuso pedidos de informes a distintos organismos públicos para establecer si las autoridades argentinas tenían conocimiento de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro y qué procedimientos se aplicaron durante su ingreso y posterior salida del territorio nacional.
Entre las medidas ordenadas, Capuchetti requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto que informe si recibió alertas o requerimientos previos relacionados con la situación judicial del senador brasileño.
El objetivo es establecer si existieron comunicaciones oficiales que advirtieran sobre las medidas dispuestas por la Justicia de Brasil y si esa información estaba disponible para las autoridades argentinas cuando Bolsonaro atravesó la frontera.
Por otra parte, la jueza solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los procedimientos de control migratorio aplicados durante los dos movimientos del dirigente: su ingreso a la Argentina por la frontera terrestre con Brasil y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú.
El organismo también deberá precisar si recibió alertas o requerimientos judiciales relacionados con Bolsonaro que pudieran afectar sus condiciones de ingreso o egreso del país.
Otra de las medidas apunta a reconstruir los movimientos del dirigente y su familia durante las horas que permanecieron en territorio argentino.
Para eso, Capuchetti pidió información de las cámaras de seguridad a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Aeropuertos Argentina.
El requerimiento comprende los registros correspondientes al 27 de octubre de 2026 y hasta la 1 de la madrugada del 28 de octubre, período durante el cual Bolsonaro atravesó la frontera y se dirigió al aeropuerto de Puerto Iguazú.
La información permitirá reconstruir el recorrido del senador brasileño, verificar los controles efectuados y determinar qué organismos intervinieron durante su paso por la Argentina.
La causa quedó radicada en el juzgado de Capuchetti a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien acusó a Milei y a otros funcionarios nacionales por su presunta participación en el encubrimiento de la fuga del dirigente brasileño.
La presentación plantea la posibilidad de que se hayan cometido delitos vinculados con el accionar de funcionarios públicos y los controles realizados durante el tránsito de Bolsonaro por el territorio argentino.
Uno de los principales aspectos que busca esclarecer la investigación es si se violó la legislación migratoria por una eventual omisión de informar antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales que pudieran afectar las condiciones de ingreso al país.
La fiscal Ochoa solicitó las medidas preliminares para reunir documentación y evaluar si existían elementos que justificaran avanzar en la investigación de posibles responsabilidades penales.
Con la decisión de Capuchetti, la Justicia avanzó con los requerimientos a los organismos oficiales para determinar si hubo alguna irregularidad o intervención de funcionarios argentinos que facilitara la salida del senador brasileño.
La apertura de estas medidas no implica que se haya acreditado la comisión de un delito. La investigación se encuentra en una etapa de recopilación de información para esclarecer las circunstancias del episodio.
El dirigente brasileño ingresó a la Argentina durante la noche del martes 27 de octubre, acompañado por su esposa y sus dos hijas, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.
Según informó Migraciones, la familia presentó documentación válida y no registraba impedimentos legales en los sistemas argentinos para ingresar al país.
Posteriormente, Bolsonaro abordó un avión privado de la empresa Baires Fly, que partió desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador, antes de continuar su recorrido hacia Miami, Estados Unidos.
Según pudo reconstruir TN, el senador habría utilizado su documento de identidad brasileño para ingresar a la Argentina y su pasaporte italiano para abandonar el territorio nacional.
La salida se produjo después de que el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dispusiera la retención de sus pasaportes y le prohibiera abandonar el país en el marco de una investigación judicial.
Sin embargo, Bolsonaro no registraba un pedido de captura internacional ni una alerta roja de Interpol que obligara a las autoridades argentinas a detenerlo. Ese es uno de los aspectos que deberá analizarse junto con los informes solicitados por la Justicia.
El episodio derivó en al menos tres denuncias en los tribunales federales argentinos. Además de la presentación de Solano, el diputado nacional Esteban Paulón denunció a Milei y a otros integrantes del Gobierno por presunto encubrimiento.
Una tercera causa se tramita en los tribunales federales de Puerto Iguazú, a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano. En ese expediente, la fiscalía de la jurisdicción también solicitó medidas para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño, incluidos registros migratorios, imágenes de cámaras de seguridad y documentación del vuelo privado.
