Fue un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que aceptó un pedido de habeas corpus colectivo presentado por la organización de Derechos Humanos SonSinCuenta. Los detalles del fallo.
Por Leonardo Castillo
En tiempos de negacionismo y discursos oficiales que invocan el concepto falaz de “memoria completa”, con el que se intenta ensayar una justificación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, la agrupación SonSinCuenta, integrada por hijos y familiares de detenidos desaparecidos, logró esta semana que la Justicia reconozca la obligación del Estado de brindar información sobre el destino final que tuvieron todas las víctimas de la represión ilegal.
La resolución judicial establece que el derecho a la verdad es algo exigible por “toda la sociedad y no puede estar sujeto a determinaciones particulares”.
Se trata de un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, que el último jueves revocó una resolución de primera instancia sobre un pedido de habeas corpus colectivo que presentó este nucleamiento el 24 de marzo pasado, al cumplirse 50 años del último golpe genocida.
El tribunal estableció que el Estado debe “construir un acervo informativo” que permita alcanzar “un saber integral”. Y que permita conocer “donde yacen los restos” de los detenidos desaparecidos, en función de honrar el derecho a la verdad reconocido en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
En una decisión dividida, los jueces Roberto Boico y Martín Irurzun aceptaron (con la disidencia de Eduardo Farah) el pedido de habeas corpus colectivo formulado por SonSinCuenta.
En su resolución, la Sala II ordenó a las autoridades judiciales del país, integradas por el Ministerio Público Fiscal (especialmente la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Unidad de Asistencia para causas por violaciones de Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado) y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio a emprender medidas para realizar las indagaciones que sean necesarias con el propósito de conocer qué pasó con desaparecidos.
“Es un fallo positivo, pero sabemos que estamos ante un gobierno negacionista que se va a resistir a dar información sobre los desaparecidos. Vamos a tener que seguir luchando para que se cumpla esta sentencia y se respete el derecho colectivo a saber la verdad”, señaló en declaraciones a Tiempo la integrante de SonSinCuenta Sofía Caravelos, abogada, hija de una pareja de militantes que desde 1978 se encuentran en condición de detenidos desaparecidos.
La verdad completa
El pasado 24 de marzo, a las 3.10 –la hora en la que se inició hace 50 años la asonada castrense que derrocó al gobierno de Isabel Perón-, los miembros de este colectivo presentaron en el Palacio de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano y Lavalle, un pedido de habeas corpus colectivo para que el Estado dé a conocer información sobre el destino de los detenidos desaparecidos.
Los impulsores de este requerimiento eligieron denominarse como SonSinCuenta, en respuesta a quienes ponen en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos. El número no puede precisarse porque el Estado no dio respuestas sobre lo que pasó con las víctimas, sostiene los promotores de esta campaña.
La demanda tenía un antecedente. En el mismo aniversario, pero en 1996, la regional Capital Federal de la agrupación HIJOS presentó un recurso similar. Pero en aquellos tiempos estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos presidenciales de Carlos Menem y el reclamo no obtuvo respuesta alguna.
La Ley 23.098 establece que los pedidos de habeas corpus deben responderse en un plazo de 24 horas. Al día siguiente de la presentación de la demanda, el Juzgado Nacional en los Criminal y Correccional Número 59 se declaró incompetente y giró las actuaciones a la Justicia Federal.
En esa instancia, y en base a un dictamen elaborado por el fiscal Ramiro González, el juez federal Sergio Ramos le otorgó legitimidad al reclamo, pero consideró que la pretensión de conocer el destino final de los desaparecidos “no podía ser alcanzada con la premura y agilidad del remedio intentado”.
Desde SonSinCuenta se apeló la resolución de Ramos y la Sala II de la Cámara Federal aceptó el reclamo. Se ordenó entonces dar una respuesta. El legajo se remitió a los 12 juzgados del fuero que investigan causas de lesa humanidad.
En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Cámara Federal informó que, en su jurisdicción del AMBA, se identificaron los restos de 409 personas que figuraban como detenidas desaparecidas, y que 335 fueron devueltos a sus familiares.
Por su parte, Ramos propuso tomar entre la letra A y la B del listado de más de 150 demandantes de SonSinCuenta y empezar a dar respuestas de forma individual, algo que la agrupación rechazó. En este contexto, la Cámara Federal convocó hace un mes a una audiencia pública para escuchar a los hijos y familiares de desaparecidos que impulsan este reclamo.
Los abogados que representan a este colectivo, Luis Zamora, Marcela dal Santo, Sebastián Blanchard y Silvia Pelozo, pidieron que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas en base a una orientación ordenada por la Justicia. En esa audiencia, cargada de emotividad, los letrados se remitieron a “el derecho al duelo y la obligación imprescriptible que tiene el Estado de dar respuestas”.
La Sala II aceptó las demandas del colectivo y se dispuso a darles una respuesta a los integrantes de SonSinCuenta. Algo que sucedió el jueves pasado.
¿Dónde están?
En la resolución que se conoció en las últimas horas, La Sala II de la Cámara Federal resolvió, con los votos de los jueces Boico e Irurzun, que el habeas corpus de este colectivo tiene un carácter colectivo que no puede limitarse a una demanda individual, impulsada por un conjunto de familiares.
Por eso, los magistrados desestimaron como “desacertado” que se convoque nuevamente a los hijos y familiares de los desaparecidos para que brinden datos sobre las víctimas que pueden ser recabados en las causas de lesa humanidad.
El fallo le ordena al juez Ramos que amplié la indagación con requerimientos a los organismos judiciales y gubernamentales del Estado para que se obtenga información sobre el destino final de todas las víctimas de la represión ilegal.
“La Cámara establece una orden y el juez la debe cumplir. Ahora tenemos que ver cómo se instrumenta”, explicó a Tiempo Argentino la abogada Marcela dal Santo, letrada que patrocina al grupo.
Desde SonSinCuenta celebraron esta decisión, pero advierten que se encuentran ante un largo recorrido en pos de conocer la verdad sobre los desaparecidos.
“A 50 años del golpe seguimos reclamando lo que reclamaron las Madres, las Abuelas y los Organismos de DD HH desde el primer día. La herida sigue abierta porque la incertidumbre sigue abierta. No buscamos solamente respuestas para nuestras familias. Reclamamos el derecho de toda la sociedad a conocer la verdad”, afirmaron los hijos y familiares de desaparecidos en una declaración que difundieron.
Y en esa línea remarcaron: “Mientras haya una sola persona desaparecida cuyo destino permanezca oculto, la obligación estatal de buscar respuestas continúa vigente”.
