A pocas horas de una nueva Marcha Universitaria convocada en todo el país, el gobierno de Javier Milei oficializó un recorte de $78.711 millones en el presupuesto de la Secretaría de Educación, una reducción que alcanza al Plan Nacional de Alfabetización, la infraestructura escolar, el financiamiento docente y distintos programas de apoyo al sistema universitario.
La poda representa una baja del 1,2% sobre el presupuesto vigente del área, pero el impacto real resulta mucho más severo cuando se analizan los programas específicos. En algunos casos, como infraestructura y equipamiento escolar, la reducción llega al 46,6% de los fondos disponibles.
La decisión quedó formalizada en la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, con el argumento de reforzar la meta de superávit fiscal comprometida por la administración nacional con el Fondo Monetario Internacional.
La medida se conoció en la víspera de una movilización nacional impulsada por estudiantes, docentes, no docentes y rectores para reclamar por el deterioro del financiamiento universitario y advertir sobre las consecuencias del ajuste sobre la educación pública.
Alfabetización e infraestructura, entre las partidas más afectadas
El programa con la mayor quita nominal es el Plan Nacional de Alfabetización, una de las políticas que el propio Gobierno había presentado como prioritaria. La reducción asciende a $35.288 millones, equivalente al 5,9% de sus recursos.
La segunda poda más significativa recae sobre infraestructura y equipamiento escolar, con un recorte de $21.687 millones, lo que representa una caída del 46,6%. La disminución compromete obras, refacciones y provisión de equipamiento para establecimientos educativos de todo el país.
El Fondo de Compensación Salarial Docente perdió $8.930 millones, una reducción del 33,8% que afecta uno de los mecanismos utilizados para equilibrar desigualdades salariales entre provincias.
También se redujeron:
-$6.650 millones en Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas.
-$4.768 millones en Actividades Centrales de la Secretaría de Educación.
-$735 millones en Información y Evaluación de la Calidad Educativa.
-$483 millones en Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.
-$161 millones en Formación Docente.
-$2 millones en el sistema de becas para estudiantes.
El sistema universitario también queda alcanzado
El ajuste impacta de manera directa e indirecta sobre las universidades nacionales.
La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria sufrió un recorte de $32 millones, equivalente al 0,6% de su presupuesto.
Además, dentro de las Obligaciones a Cargo del Tesoro se eliminan $48.000 millones en asistencia financiera a empresas públicas y otros entes dependientes de la Secretaría de Educación, una caída del 47,9% en recursos que alcanzan a organismos vinculados al sector educativo, entre ellos Educ.ar.
Otros programas complementarios también registran bajas, como Cooperación e Integración Educativa Internacional ($9 millones) y Asistencia y Coordinación de Políticas Sociales ($55 millones).
Un ajuste que excede a la educación
El recorte educativo forma parte de una reducción mucho más amplia del gasto público. La misma decisión administrativa dispuso una poda total de $2,44 billones en el Presupuesto 2026, con impacto en salud, obra pública, ciencia, defensa y transferencias a las provincias.
En salud, el Ministerio perdió $70.467 millones, incluyendo recortes en medicamentos y programas de prevención y tratamiento del cáncer.
En infraestructura vial, la Dirección Nacional de Vialidad sufrió una reducción de $97.104 millones, con virtual paralización de obras de seguridad en rutas nacionales y eliminación total de partidas para reparación de puentes.
Las transferencias a provincias y municipios se redujeron en más de $970.000 millones, mientras que el CONICET, la CONAE y distintos organismos del sistema científico también registraron fuertes bajas presupuestarias.
Impacto en la vida cotidiana
La reducción del gasto no se limita a una cuestión contable. Menos recursos para educación implican menos obras escolares, menos equipamiento, menor capacidad para sostener políticas de alfabetización y menor respaldo a las universidades públicas.
Los recortes en salud restringen programas de medicamentos y tratamientos oncológicos. La paralización de obras viales afecta la seguridad en rutas nacionales. La caída de transferencias a las provincias reduce la capacidad de sostener infraestructura, servicios y programas sociales.
En conjunto, el ajuste redefine el alcance del Estado en áreas esenciales para la vida cotidiana de millones de argentinos.
La universidad como epicentro del conflicto
La Marcha Universitaria de este martes vuelve a colocar a las universidades en el centro de la discusión pública. Rectores, docentes, estudiantes y trabajadores sostienen que el financiamiento actual compromete el funcionamiento de las casas de estudio y limita su capacidad para garantizar clases, investigación, extensión y becas.
La reducción de $78.711 millones en Educación, oficializada a horas de la movilización, refuerza la percepción de que el sistema educativo atraviesa uno de los momentos de mayor restricción presupuestaria de los últimos años, en el marco de un ajuste general que alcanza de manera directa a sectores estratégicos del Estado y a servicios esenciales para la población.
