Organizaciones de productores yerbateros de Misiones y la Cooperativa Río Paraná presentaron este lunes un extenso documento al gobernador bonaerense Axel Kicillof en el que exponen el deterioro del sector tras la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y alertan sobre una disputa de fondo: “está en juego si la yerba seguirá siendo territorial y distributiva, o si se transformará en un commodity estandarizado y concentrado”.
La Confederación General de la Producción (CGP) entregó este informe —de más de 700 páginas—, en el marco de una reunión con el mandatario bonaerense, y lleva las firmas de referentes clave del sector yerbatero misionero, con el patrocinio legal del abogado José Federico Padolsky. El eje central del planteo es la necesidad de restituir plenamente las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), cuya capacidad de intervención —advierten— quedó severamente afectada tras los cambios normativos recientes.
Según el documento, las modificaciones que introdujo el DNU 70/2023 “alteraron de manera sustancial el equilibrio del sector”. La eliminación de herramientas regulatorias derivó en una caída abrupta del precio de la materia prima, que hoy —sostienen— no cubre los costos básicos de producción.
Ese desfasaje, explican, genera una transferencia regresiva de ingresos hacia los eslabones más concentrados de la cadena y acelera un proceso de descapitalización del productor primario. A esto se suma lo que definen como un “progresivo desmantelamiento institucional” del INYM, con impacto directo en el control de calidad, la fiscalización del mercado y la implementación de políticas públicas.
El resultado, en ese sentido, es estructural, porque deja miles de unidades productivas en riesgo, debilitamiento del entramado social rural y avance de la concentración económica.
Chacra o agronegocio
El texto plantea que la crisis excede lo sectorial y responde a una tensión entre dos modelos productivos. Por un lado, el agronegocio orientado a escala, con monocultivo intensivo, paquetes tecnológicos estandarizados —incluyendo modificaciones genéticas y uso intensivo de agroquímicos— y lógica de maximización de rentabilidad.
En contraposición, los productores defienden el modelo histórico de Misiones: agricultura familiar, alta densidad de pequeños productores, cooperativismo, arraigo territorial y diversificación. Un esquema que —subrayan— no solo genera valor económico, sino que sostiene comunidades, preserva saberes y mantiene prácticas compatibles con el ambiente.
La dimensión cultural aparece como un elemento central. La yerba mate —la “caá”— remite a la cosmovisión guaraní, donde producción, naturaleza y comunidad forman un sistema integrado. En ese marco, la disputa “no es meramente económica, sino profundamente política”.
El documento también enfatiza el carácter excepcional de la especie Ilex paraguariensis, cuyo cultivo se concentra en esta región del mundo. Esa singularidad otorga a Misiones una ventaja geoeconómica que, según advierten, podría diluirse si se avanza en la desregulación o en la incorporación de especies alternativas.
El riesgo es concreto, expresaron, porque la pérdida de especificidad abriría la puerta a la replicación del producto en otras regiones, debilitando la posición argentina en el mercado internacional.
A la vez, los productores destacan el valor científico y nutricional de la yerba mate, respaldado por investigaciones impulsadas en gran medida desde el INYM en las últimas dos décadas. En esa línea, plantean que su defensa debe entenderse también como una cuestión de soberanía alimentaria y científica.
Con proyección a mediano y largo plazo, el planteo incorpora una dimensión estratégica: el rol de las economías regionales en un modelo de desarrollo nacional. En ese esquema, la yerba mate aparece como un caso testigo de la necesidad de políticas públicas que articulen producción, trabajo, equidad y soberanía.
Entre las medidas propuestas, los productores señalan la urgencia de fortalecer a los pequeños productores y sus cooperativas, promover marcas con valor agregado en origen, recuperar herramientas de regulación estatal y consolidar la inserción internacional del producto bajo estándares de calidad, identidad y origen.
