María del Carmen Roqueta, exjueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, murió este domingo luego de atravesar una enfermedad que la había afectado durante los últimos años. Su nombre quedó inscripto en la historia judicial argentina por haber presidido el tribunal que condenó al dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el plan sistemático de apropiación de bebés durante la última dictadura.
Roqueta fue una de las figuras clave en la reconstrucción judicial de uno de los capítulos más aberrantes del terrorismo de Estado: el secuestro de niños nacidos en cautiverio, la supresión de su identidad y la desaparición o asesinato de sus madres. En ese proceso, su actuación no se limitó a la aplicación técnica del derecho penal, sino que implicó una mirada comprometida con la memoria, la verdad y la reparación.
Entre 1993 y 2017 integró el TOF 6, donde intervino en causas determinantes vinculadas a delitos de lesa humanidad. Como presidenta del tribunal, encabezó los juicios conocidos como “Plan Sistemático”, “Fontana-Sandoval” y “Médicos de Campo de Mayo”, expedientes que consolidaron prueba judicial sobre la existencia de una maquinaria estatal orientada a la apropiación de menores durante el régimen militar (1976-1983).
El fallo por el “Plan Sistemático de Apropiación de Niños” marcó un antes y un después. Además de la condena a Videla, el tribunal —integrado también por los jueces Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri— impuso 30 años de prisión al represor Jorge Eduardo Acosta, conocido como “El Tigre”, y 15 años al exdictador Reynaldo Benito Bignone, entre otras penas que oscilaron entre los 5 y los 40 años para distintos responsables del aparato represivo.
Ese pronunciamiento no solo estableció responsabilidades penales individuales, sino que acreditó judicialmente la existencia de un plan organizado desde el Estado para la sustracción, ocultamiento y sustitución de identidad de niños. En términos jurídicos, consolidó la tipificación de estos hechos como delitos de lesa humanidad, imprescriptibles y no amnistiables, en línea con los estándares internacionales.
El compromiso de Roqueta con los derechos humanos trascendió el ámbito de los tribunales. Su labor se articuló con organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, cuyo trabajo fue central para la restitución de la identidad de cientos de personas apropiadas durante la dictadura. En ese cruce entre justicia y militancia por la memoria, su rol fue considerado fundamental por sobrevivientes y familiares.
En 2019, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires la distinguió como Personalidad Destacada de los Derechos Humanos, en una iniciativa impulsada por la entonces diputada Victoria Montenegro, hija de desaparecidos y uno de los casos emblemáticos de apropiación investigados en sede judicial. Durante ese reconocimiento, Roqueta definió su tarea con una síntesis que resume su trayectoria: se consideró “un engranaje más de la herramienta penal” y reivindicó la necesidad de sostener “el Estado de derecho en su plenitud” para “poner luz donde había tinieblas”.
Su muerte reabre, en clave de memoria activa, el valor de aquellos fallos que permitieron desmontar la impunidad y avanzar en la reconstrucción histórica de los crímenes de la dictadura. En un contexto donde los consensos sobre derechos humanos vuelven a tensionarse, su figura adquiere una dimensión que excede lo judicial para inscribirse en la trama más profunda de la democracia argentina.
Los restos de Roqueta serán velados desde este domingo por la noche en Casa América (Acevedo y avenida Córdoba) y trasladados el lunes al cementerio de la Chacarita.
