La investigación que impulsa el fiscal Franco Picardi por presuntos sobornos, sobreprecios y lavado de dinero dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) provocó su primera consecuencia institucional en Tierra del Fuego. La funcionaria Ornella Calvete, representante del Gobierno en la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), presentó su renuncia luego de que su nombre apareciera involucrado en la megacausa que golpea al gobierno de Javier Milei.
Calvete ocupaba simultáneamente el cargo de directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, y se había posicionado como una de las voces más críticas del régimen industrial fueguino.
Sin embargo, la avanzada judicial terminó por comprometerla debido a sus intercambios directos con su padre, Miguel Ángel Calvete, señalado por la fiscalía como un actor central del entramado delictivo dentro de la ANDIS.
Los mensajes incorporados al expediente exhiben gestiones, favores y conversaciones que la conectan con empresarios del sector de ortopedia y con movimientos de dinero que forman parte del circuito investigado.
Para los investigadores, esa trama familiar y funcional reforzó la hipótesis de que Miguel Ángel Calvete actuaba como un operador externo con llegada directa al organismo conducido por Diego Spagnuolo.
El episodio más determinante ocurrió el 9 de octubre, cuando un operativo judicial en el domicilio de la ahora ex funcionaria terminó con el secuestro de 700 mil dólares cuyo origen no pudo justificar.
De acuerdo con la causa, la directora intentó incluso elaborar una explicación alternativa sobre el dinero antes de que los agentes ingresaran a su vivienda.
Ese hallazgo se convirtió en el indicio más fuerte en su contra y aceleró su salida. Hasta ese momento, la funcionaria se mantenía en uno de los organismos clave para el control y el funcionamiento de la industria fueguina.
La renuncia de Ornella Calvete dejó sin representante nacional a la CAAE, un espacio estratégico para la política industrial de la provincia.
La salida reavivó la tensión interna dentro del Gobierno y volvió a evidenciar el alcance político del escándalo ANDIS, una causa que ya apartó a funcionarios de distintos niveles y que continúa avanzando hacia posiciones cada vez más altas del poder estatal.
La megainvestigación sigue en marcha y su impacto todavía no alcanzó su techo. En la Casa Rosada admiten que la trama podría seguir expandiéndose mientras el expediente avanza sobre el funcionamiento interno del organismo y los vínculos entre funcionarios, operadores privados y empresas proveedoras.
