La diputada Sabrina Selva detalló que la comisión identificó transferencias por 300.000 dólares y 250.000 dólares mensuales, tal como reveló la investigación del periodista de La Nación Hugo Alconada Mon.
Según reconstruyó la legisladora, la billetera atribuida a Novelli recibió 30.000 dólares el 26 de noviembre de 2024 desde una cuenta asociada a la plataforma Solana. Esa misma billetera había recibido previamente 300.000 dólares y luego otros 250.000, coincidiendo con el presunto esquema de pagos. Después, los fondos se redistribuyeron hacia billeteras radicadas en OKX, Bitget, Binance y Bybit, lo que dificultó la trazabilidad completa.
Selva recordó que esas fechas coinciden con el evento Tech Forum del 19 de octubre de 2024 y con la reunión registrada el 21 de noviembre de ese mismo año en la Quinta de Olivos, donde coincidieron Milei, Novelli y Davis, con ingreso autorizado por Karina Milei. También vinculó esos registros al borrador de acuerdo revelado por Alconada Mon, que establecía pagos millonarios a cambio de representación exclusiva del Estado argentino en asuntos de blockchain, criptomonedas e inteligencia artificial.
“Pudimos verificar que Mauricio Novelli recibió al menos 30.897 dólares por parte de esa billetera. Y esa billetera recibió los montos que coinciden con los 300 mil y 250 mil dólares mensuales. Ese dinero se distribuyó luego a múltiples exchanges internacionales”, afirmó Selva. Por ese motivo, la comisión pedirá oficios a Binance, OKX, Bitget y Bybit para identificar la titularidad.
Por su parte, el diputado Juan Marino sostuvo que “la gran conclusión es que esta comisión debería seguir funcionando. Cada reunión aporta elementos nuevos. Da credibilidad a lo que expone Alconada Mon”.
Fuertes denuncias por obstruir a la comisión que investiga $Libra
En paralelo al rastreo financiero, la comisión votó la reserva de denuncias contra diversos funcionarios del Estado y miembros del sistema judicial. Legisladores de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre coincidieron en que hubo “falta de colaboración sistemática” con el Congreso.
La diputada Mónica Frade pidió denunciar al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, a la jefa de Gabinete de la Oficina Anticorrupción, María Florencia Zicavo, al director de la Unidad de Información Financiera, Paul Starc y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, por no haber asistido a la comisión tras varias citaciones formales.
La decisión más sensible fue aprobar la reserva de denuncia contra el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez de Giorgi debido a que ambos rechazaron abrir el expediente de la subcomisión y se negaron a autorizar el uso de la fuerza pública para garantizar la presencia de funcionarios citados.
Ferraro agregó que también se presentarán denuncias ante el Consejo de la Magistratura por la actuación de Martínez de Giorgi y ante el Procurador General por la conducta de Taiano. En palabras del diputado: “Le acercamos documentación probatoria y la ampliación de los movimientos de billeteras, pero no hubo colaboración”.
El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a los magistrados: “Esta comisión hizo más que la Justicia. Taiano hizo muchísimo menos que lo que hicimos en dos meses. ¿Creen que por un resultado electoral la Justicia puede permitir que esto quede impune? Lo hemos visto antes”.
En el cierre, Martínez sostuvo que el trabajo será valorado con el paso del tiempo: “La trama es mucho más amplia de lo que ocurrió el 14 de febrero. Que se sepa todo lo que se investigó acá”.
Detectaron vínculos financieros entre Terrones Godoy, Novelli y KIP Protocol
Un informe identificó transferencias por más de 150 mil dólares que conectan a los mismos operadores de $LIBRA con el lanzamiento del token KIP Protocol, dos meses antes de la estafa. La comisión advirtió sobre la participación pública del presidente Javier Milei en la promoción. Además, preparan un recurso para insistir con el uso de la fuerza pública para citar a Karina Milei y otros.
El periodista Julian D’Imperio reveló en Perfil a fines de octubre que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la criptomoneda $LIBRA presentó un extenso informe que revela vínculos financieros directos entre los empresarios Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, ambos señalados como impulsores de la estafa, y el ecosistema de KIP Protocol, la criptomoneda lanzada dos meses antes del fraude.
Según los documentos remitidos por la plataforma Gate.io, una billetera a nombre de Terrones Godoy transfirió 59.992 USDT (equivalente a unos 60 mil dólares) a una cuenta de Mauricio Novelli, identificada previamente en las operaciones del caso $LIBRA. Esa misma noche del 10 de diciembre de 2024, Terrones Godoy realizó otras dos transferencias desde la misma cuenta por 50.000 y 42.720 USDT, según consta en los registros incorporados al expediente.
El informe técnico agrega que la cuenta que recibió los 50.000 USDT fue la misma que, el 15 de febrero de 2025, la noche en que se ejecutó la estafa de $LIBRA, transfirió 120.000 USDT a otra billetera de Gate.io. Por ese motivo, la comisión libró un oficio a la plataforma para que identifique al titular de esa última cuenta, que sería “probablemente una de las que participó en la operatoria de la estafa”.
La investigación sostiene que esos movimientos fueron financiados a partir de la liquidación del token KIP Protocol, lanzado el mismo 10 de diciembre de 2024, día en que Terrones Godoy recibió 6.750.000 tokens KIP en su billetera —sin pagar por ellos— a las 07:21 AM, e inició su venta masiva apenas dos minutos después. El documento describe que la cuenta ejecutó más de 400 transacciones entre las 07:23 y las 21:20, en distintas “ráfagas de ventas” diseñadas para convertir los KIP en USDT sin desplomar el precio de inmediato.
“Este patrón no corresponde a una actividad de inversión normal, sino a una operación de liquidación coordinada y de alta velocidad”, señala el informe, que define la maniobra como una “estrategia de pump and dump” —inflar artificialmente el valor y luego liquidar—.
El mismo día, a las 12:24 PM, Terrones Godoy publicó un tuit promocionando KIP Protocol, y entre las 21:09 y las 21:16 realizó la última ráfaga de ventas por 400.000 tokens, antes de retirar más de 152.700 USDT de Gate.io en un lapso de 15 minutos. Los montos incluyeron las transferencias enviadas a Novelli, lo que refuerza —según la comisión— la existencia de un circuito financiero previo a $LIBRA.
El rol de Javier Milei y la conexión con KIP Protocol
La Comisión Investigadora también destacó las interacciones públicas entre el presidente Javier Milei y Julian Peh, fundador de KIP Protocol, así como con los operadores del esquema. Los documentos incorporados a la investigación recopilan publicaciones en X (Twitter) donde el mandatario respondió a Peh celebrando que KIP “invierta en Argentina”, días antes del lanzamiento del token.
KIP Protocol usó la imagen de Milei en materiales promocionales, y el propio Peh compartió escenario con el Presidente y Terrones Godoy en el Tech Forum del 19 y 20 de octubre de 2024, evento en el que se presentó a la empresa como una plataforma de innovación en blockchain.
El informe parlamentario sostiene que, pese a la “catastrófica caída” del valor de KIP tras su lanzamiento, Milei avanzó en febrero con la promoción de $LIBRA, presentando a KIP Protocol como la supuesta empresa organizadora del proyecto privado de financiamiento para PYMES. La comisión interpreta esto como una continuidad operativa entre ambas iniciativas: la promoción pública de KIP, la liquidación de sus tokens y el posterior lanzamiento de $LIBRA.
El presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), explicó en su cuenta de X: “Dos meses antes de la criptomoneda $LIBRA, Javier Milei ya había participado de una operatoria idéntica, con los mismos socios y el mismo esquema de especulación. Compraron el token en su valor más bajo, impulsaron su cotización con la promoción del Presidente y se retiraron con ganancias millonarias».
Ferraro añadió que “lo de $LIBRA no fue casualidad, ni sorpresa”, y aseguró que “el Presidente ya sabía cómo funcionaba el esquema y fue parte de él”. El diputado informó que la comisión aprobó nuevas medidas de prueba, entre ellas oficios a tres exchanges, la reiteración de citaciones a familiares de Novelli por movimientos de cajas de seguridad antes y después de la estafa, y la remisión de toda la documentación al juzgado que investiga el caso.
Choque institucional por las citaciones y la respuesta de la Justicia
En paralelo al avance técnico de la investigación, la comisión enfrenta un nuevo conflicto judicial por la negativa de la Cámara Criminal y Correccional Federal a autorizar el auxilio de la fuerza pública para hacer comparecer a los testigos e imputados citados en la causa.
Entre los convocados figuran Karina Milei, hermana y secretaria general de la Presidencia; Damián Reidel, asesor económico del Gobierno y flamante presidente de Nucleoeléctrica Argentina; y los empresarios Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, todos señalados por su participación en el entramado financiero de la estafa.
Tras conocerse el fallo de la Sala I, que consideró que “excede la competencia del magistrado disponer medidas que se sitúan por fuera del ámbito propio de su actuación jurisdiccional”, Ferraro anticipó que la comisión presentará un recurso extraordinario federal.
“La Cámara abordó el tema como si se tratara de un proceso judicial, cuando en realidad es una investigación parlamentaria en ejercicio de las facultades de control del Congreso (artículo 75 inciso 32 de la Constitución Nacional)”, argumentó el legislador, y cuestionó: “Si no es la Justicia quien debe garantizar ese cumplimiento, ¿quién lo hace entonces?”.
“El pedido de auxilio de la fuerza pública no tiene naturaleza penal, sino que se inscribe en el marco del auxilio judicial que el Poder Judicial debe prestar a los otros poderes del Estado”, explicó Ferraro a PERFIL.
El diputado señaló además que el reglamento de la Comisión fue “especialmente prudente”, ya que toda medida de ese tipo debía contar con autorización judicial, “para garantizar el pleno respeto de las garantías procesales y evitar excesos como los ocurridos en el pasado”. Y aclaró que la comisión no pretende invadir competencias judiciales: “Nuestra tarea no es determinar responsabilidades penales, sino políticas e institucionales. La Justicia debe cooperar y actuar en auxilio del Congreso. Esto no implica un conflicto entre poderes, sino el cumplimiento de los pesos y contrapesos propios de la República”.
Finalmente, el diputado anticipó que podrían acudir a la Corte Suprema si la resistencia judicial persiste. “Estamos convencidos de que nos asisten la razón y el derecho. Analizaremos los pasos a seguir para llevar el caso ante la Corte Suprema en defensa de las atribuciones constitucionales del Congreso y del principio de división de poderes”.
Con este nuevo frente abierto, la comisión buscará reafirmar la autonomía del Poder Legislativo para investigar los hechos vinculados a $LIBRA y a los presuntos delitos financieros asociados al entorno presidencial. El expediente ya acumula informes técnicos, peritajes, comunicaciones oficiales y documentación remitida por exchanges internacionales, y se espera que sus conclusiones finales sean elevadas en las próximas semanas al fuero federal competente.
