La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) lleva adelante hoy un nuevo paro nacional de 24 horas, el número 43 desde que asumió el gobierno de Javier Milei, en reclamo de una recomposición salarial urgente y en rechazo a lo que denuncian como un «ajuste tremendo» que precariza tanto los ingresos de los trabajadores como el funcionamiento mismo del Poder Judicial.
El secretario general del gremio, Julio Piumato, en una extensa entrevista con Canal 4 Posadas, detalló el profundo malestar del sector, advirtió que las medidas de fuerza se intensificarán –pasando a paros de 36 y 48 horas– si no hay respuestas y articuló una defensa no solo salarial, sino también del servicio de justicia que, asegura, está en riesgo.
El eje central del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo. Piumato fue contundente al afirmar: «Nosotros, a nivel federal, llevamos perdido desde que asumió este gobierno un 29.2% de nuestro salario». Señaló que si bien en los últimos dos meses lograron que la brecha no se agrandara, el objetivo ahora es «empezar a recuperar» lo perdido.
El dirigente contrastó la situación actual con los últimos 20 años: «Nosotros no perdíamos desde la crisis del 2001, no perdíamos frente a la inflación. Nadie nos regaló nada, siempre conseguimos, con mucha lucha, no perder». El aumento del 1.9% oficializado para julio por el gobierno nacional es considerado «insuficiente» y «una burla» por el gremio, que exige un 10% inmediato.
Piumato amplió el foco más allá de los salarios y pintó un panorama crítico de la infraestructura judicial en todo el país, con ejemplos concretos de la provincia de Misiones. «Los edificios de la justicia federal de Posadas dan pena. No tiene edificios propios, son todos alquilados… una construcción abandonada desde 2014 es una vergüenza», describió, aclarando que esta situación «se repite en todo el país».
Sumado a esto, alertó sobre una crisis de recursos humanos sin precedentes: «Hoy en la justicia federal tenemos casi un 40% de vacantes de jueces, fiscales y defensores. Está vaciada la justicia. No salen los concursos, no se aprueban los pliegos». Esta sobrecarga, aseguró, recae sobre los empleados, haciendo que tareas reservadas a magistrados terminen siendo realizadas por personal administrativo.
Uno de los puntos más alarmantes que destacó Piumato es el impacto de la crisis económica en la dedicación de los trabajadores. Relató un fenómeno que no se veía «desde los 90»: «La gente empieza a pedir autorización para tener otro trabajo porque sus finanzas se ven deterioradas». El gran riesgo, explicó, es que «el segundo trabajo pasa a ser el primero» por necesidad, y el trabajo judicial se convierte en secundario.
«Eso termina burocratizando la justicia. Donde el que trabaja viene acá para llevarse el sueldo, nada más… no pone lo suyo, y eso destruye la justicia. Eso no lo recuperamos ni en 30 o 40 años», afirmó con preocupación. Puso como ejemplo el caso que tomó estado público de un secretario judicial que pidió permiso para manejar un Uber, que para el sindicato es la punta del iceberg de un problema profundo.
Federalismo y diferencias provinciales
Consultado sobre si la situación es homogénea en el país, Piumato destacó la presencia federal del gremio –»Los dirigentes tienen que estar con los compañeros a lo largo y a lo ancho del país»– pero marcó una clara diferencia: «En general, los judiciales de muchas provincias están en una situación mucho más precaria que la justicia federal».
Reconoció que algunas administraciones provinciales han «zafado mejor» que otras de la política de ajuste nacional, pero que el ahogo presupuestario es una constante que viene de años y que el gobierno actual «agravó» al eliminar la obra pública.
Frente a la crítica situación, Piumato no se limitó a la queja y enumeró las propuestas del gremio para mejorar el sistema. Destacó la creación del Departamento de Inteligencia Artificial, siendo el primer sindicato en hacerlo, que ya tiene desarrollos concretos: «Tenemos aprobado por la Cámara Civil un algoritmo para el inicio de sucesiones. También estamos avanzados en uno para juicios previsionales y ejecutivos».
El objetivo, subrayó, es usar la tecnología como «una herramienta en la mano de un ser humano» para agilizar trámites burocráticos y permitir que los magistrados y empleados se concentren en lo esencial: los conflictos humanos. «La mejor forma de mejorar la justicia sería escuchar a los que trabajan en ella», concluyó.
Con el paro de este viernes y el «banderazo» en los tribunales de todo el país, la UEJN busca visibilizar un conflicto que, lejos de amainar, se profundiza. Piumato fue claro: «Es la única lucha que se pierde es la que se abandona». Y cerró con una advertencia: «A la larga, o cambiará el gobierno o cambiará su política, porque no puede hacer una política que se lleve puesto los derechos de la gente».
El gobierno nacional y la Corte Suprema tienen sobre la mesa un reclamo que une la dignidad salarial con la salud misma de uno de los poderes esenciales del Estado.
