Por David Cayón
Los gobernadores están decididos a no ceder en los proyectos que establecen la transferencia directa de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y de una parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Pese al rechazo de la Casa Rosada, aseguran que mantienen lo acordado: “Seguimos todos y nadie se baja”, señalaron desde una provincia peronista.
“Nosotros y también ellos. El Gobierno canceló cualquier tipo de negociación, así que seguimos igual”, agregaron, en referencia a los líderes peronistas y a los que no pertenecen a ese partido.
Mañana, a las 10.30, se reabrirá la Comisión de Presupuesto para comenzar a debatir uno de los dos proyectos que impulsan la totalidad de los jefes de los estados provinciales y que tiene la oposición de la Casa Rosada.
“Lo más probable es que sea un trámite”, dijo un diputado de una provincia del centro del país respecto a lo que será la firma de los dictámenes.
En el oficialismo saben que van directo a una nueva derrota. Primero en la comisión y luego en el recinto. “Es muy difícil que suceda algo diferente. Vamos derecho al veto y a buscar los 87 que lo sostengan”, dijo un diputado libertario.
Pero en las últimas horas apareció una hendija por donde entró un poco de luz en un lugar de tinieblas, como viene siendo el Congreso de la Nación para el mundo libertario, que desde el pasado 1° de marzo solo ganó una votación y no para de encadenar derrotas. Hay un sector de legisladores que no responden directamente a los gobernadores -sea porque son de otra fuerza política o de otra línea del partido gobernante- que en el caso del proyecto de la eliminación de los fideicomisos del impuesto a los combustibles líquidos presenta diferencias.
El domingo por la noche, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada señaló que no estaba de acuerdo con el formato del proyecto. La diputada bonaerense entiende que no es necesario retirar los fondos que tienen como destino el mantenimiento de las rutas de Vialidad Nacional y que pasen directamente a las provincias.
“Yo no estoy de acuerdo en sacarle los fondos a Vialidad Nacional, es una discusión que tenemos en el bloque”, señaló en el programa Debate 2025. “El proyecto de los gobernadores que reparte todo lo que recauda el ICL elimina Vialidad Nacional y yo creo que hay que protegerla y proteger a los trabajadores. Y eso fue lo que hicimos el miércoles cuando rechazamos el decreto delegado que disuelve Vialidad”, agregó.
En estos sectores entienden que una vez que los gobernadores reciban los fondos será imposible que vuelvan a Vialidad, pero también encuentran necesario el pedido de los jefes de los estados provinciales.
“Primero dictaminar, después avanzar en un temario que reúna la mayor cantidad de voluntades. Pero tenemos que movernos con la inteligencia de la última sesión para seguir ganando”, explicó un diputado de la oposición.
Tomando los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda la oposición tendría 29 firmas -sin contar a diputados de la UCR que se podrían sumar a pedido de sus gobernadores- sobre un total de 49 miembros. Esto le permitiría alcanzar el dictamen de mayoría para el proyecto de ley que modifica la ley 11672 Permanente de Presupuesto en lo concerniente al reparto de los Aportes del Tesoro Nacional.
El otro proyecto que llega en revisión y que se tratará en un plenario con la Comisión de Energía y Petróleo por lo que habrá un total de 84 firmas disponibles -49 de Presupuesto y 35 de Energía- por lo que hay que la oposición tiene que sumar más de 42 firmas para tener el dictamen de mayoría. En esta comisión los bloques de la oposición más el que responde a los gobernadores -Innovación Federal- suman 21 firmas, lo que daría un total de 50 sin sumar a ningún diputado radical, del PRO, Liga Federal y LLA.
La idea de los bloques que durante la última sesión ganaron 12 votaciones -o le hicieron perder a los libertarios 12 votaciones- es de juntar temas que les otorguen masa crítica y volumen para ir el 20 de agosto al recinto.
Si la Cámara de Diputados aprueba los proyectos de los gobernadores se lo gira al Ejecutivo para que lo promulgue o lo vete. El plazo de 10 días hábiles que es el margen que tiene la Presidencia de la Nación para vetarlo empieza a correr desde el momento que ingresa al Ejecutivo y no desde su aprobación.
