El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, está en el centro de una tormenta política y judicial luego de que se difundiera un video en el que ofrece sus servicios al polémico exagente de la CIA Tim Ballard —inspirador de la película Sonido de Libertad— para «cambiar su imagen» en Argentina mediante contactos con jueces, legisladores y medios. La grabación, obtenida con cámara oculta en una reunión en Nueva York, derivó en una denuncia penal por «violación de deberes de funcionario público» y «cohecho», presentada por Gustavo Vera, titular de la Fundación La Alameda, ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional 9.
En el video, Cúneo Libarona le asegura a Ballard —investigado en EEUU por estafas por 50 millones de dólares y denunciado por 23 causas de abuso sexual— que puede ayudarlo a limpiar su reputación: «Yo te consigo medios», le dice, y agrega: «Te podría conseguir reuniones con jueces de distintos ámbitos».
Incluso menciona que, inspirado por el documental de Ballard, redactó nuevas figuras penales y se las enviaría para su revisión antes de presentarlas al Congreso.
La denuncia del Gustavo Vera es por abuso de autoridad (art. 248 del Código Penal), con penas de hasta 2 años de prisión e inhabilitación y por cohecho (art. 256 bis), que prevé hasta 6 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La difusión del video desató un terremoto político. Legisladores de oposición, incluidos Mónica Fein (PS) y Maxi Ferraro (Coalición Cívica), calificaron al ministro de «corrupto» y anunciaron un pedido de juicio político en Diputados:
«No puede ser ministro alguien que promete leyes a medida para un acusado de trata y abuso», afirmó Fein.
Ferraro recordó el prontuario controversial de Cúneo Libarona: su defensa de Alperovich (acusado de abuso) y su vínculo con casos como los Cuadernos de la corrupción.
El Gobierno, entre el silencio y el respaldo
Pese al escándalo, el presidente Milei descartó por ahora remover al ministro. Fuentes de la Casa Rosada insisten en que el video fue «editado» y que la reunión con Ballard fue «oficial». La ministra Patricia Bullrich —quien en abril advirtió sobre las denuncias contra Ballard y evitó que se reuniera con Milei— no se pronunció. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, restó importancia: «No vi el video, pero no creo que haya ofrecido servicios».
El exagente, expulsado de organizaciones antitrata en EEUU, había suscrito un convenio con Milei durante la CPAC (cumbre de derecha en Buenos Aires), facilitado por Laura Arrieta, la misma persona que ingresó al país con las «valijas sin controlar» en 2024. Su perfil conflictivo suma presión sobre Cúneo Libarona, a quien la oposición acusa de «traficar influencias».
En medio de este escándalo, la Justicia federal deberá definir si avanza con la causa mientras la oposición prepara el juicio político, aunque sin mayoría en el Congreso, su éxito depende de fisuras en el oficialismo.
Milei, en tanto, mantiene al Ministro, pero el escándalo refuerza la crítica de que su gobierno «pacta con personajes oscuros». Mientras el video sigue viralizándose, el caso ya es un nuevo frente de crisis para un gabinete que prometió «terminar con la casta».
