Leonardo Bertulazzi, exmilitante de las Brigadas Rojas condenado en Italia, será extraditado en las próximas horas tras una decisión de la Corte Suprema argentina que avaló su entrega. Una comisión de la Policía Federal se presentó este martes en el domicilio de Bertulazzi, ubicado en el barrio porteño de Monserrat, para trasladarlo a la dependencia de la calle Cavia. Desde allí, se prevé su traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde será enviado a Italia para cumplir una condena de 27 años de prisión por su participación en actividades terroristas durante las décadas de 1970 y 1980.
Bertulazzi, de 73 años, llegó a Argentina en 2002 de manera clandestina y obtuvo en 2004 el estatus de refugiado político, lo que durante años impidió su extradición. Sin embargo, en agosto de 2024, el Gobierno argentino revocó esa condición tras una modificación en la integración de la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE). Desde entonces, el exbrigadista se encontraba bajo prisión domiciliaria, aunque en noviembre de ese mismo año logró una excarcelación temporal por su arraigo en el país, donde vivía con su esposa desde hacía más de dos décadas.
Un fallo polémico y un final judicial
La jueza federal María Servini fue quien inicialmente declaró procedente la extradición, decisión que fue apelada por la defensa de Bertulazzi. No obstante, este martes, la Corte Suprema —integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz— confirmó el fallo, considerando que no había motivos para rechazar el pedido de Italia.
En su resolución, el máximo tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre la revocación del estatus de refugiado, aunque instruyó a Servini a informar a las autoridades italianas sobre este aspecto. Con esto, se cierra el capítulo judicial del caso, aunque la última palabra la tendrá el Poder Ejecutivo, que debe autorizar formalmente la entrega.
Las acusaciones en Italia
Bertulazzi, conocido dentro de las Brigadas Rojas como “Stéfano”, fue un miembro destacado de la organización y habría participado en la logística del secuestro y asesinato del ex primer ministro italiano Aldo Moro en 1978, uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de Italia.
Tras su condena en ausencia, el exmilitante escapó a Sudamérica y vivió en Argentina durante más de 20 años, hasta que su situación legal cambió radicalmente con el nuevo enfoque del Gobierno argentino en materia de extradiciones.
Reacciones internacionales y críticas
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, celebró en su momento la detención de Bertulazzi, agradeciendo la colaboración entre ambos países. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y algunos juristas argentinos han cuestionado el proceso, argumentando que se violan principios de no repetición de juicios en ausencia y que su extradición responde más a presiones políticas que a un estricto cumplimiento de la ley.
Un reconocido penalista local, citado de manera anónima en medios, afirmó días atrás: “Este es un país donde, en nombre de la justicia y la democracia, se pueden cometer las mayores aberraciones”.
Mientras tanto, Bertulazzi aguarda su traslado definitivo, marcando el fin de una larga batalla legal y el inicio de un nuevo capítulo en Italia, donde deberá enfrentar su condena.
