El bloque del Partido Agrario y Social (PAyS) presentó un Proyecto de Declaración en la Cámara de Representantes de Misiones para expresar su enérgico rechazo a los reiterados intentos de desalojo en el barrio Chacra 190 del barrio El Laurel de Posadas. La situación afecta a familias que residen en el lugar desde hace más de veinte años y que cuentan con el Certificado de Vivienda Familiar (CVF) emitido en el marco del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
El documento, firmado por los diputados Cristian Castro y Blanca Alvez, detalla que en los últimos días se produjo un nuevo intento de desalojo contra Teresa Alvez Ferreyra, vecina del barrio desde hace 28 años. Pese a contar con el CVF y documentación probatoria, como boletas de servicios y un pagaré de compra del lote fechado el 13 de octubre de 1998, la mujer ha sido objeto de tres intentos de desalojo en los últimos dos años, impulsados por un supuesto propietario que habría sido funcionario de una empresa estatal.
La situación fue calificada de “alarmante”, ya que Teresa, de edad avanzada y con problemas de salud, enfrenta además constantes intimidaciones por parte del abogado del supuesto dueño del terreno. Según el proyecto legislativo, incluso en dos oportunidades le fue retirado el medidor de luz, dejándola sin servicio eléctrico de forma temporal.
Los vecinos del barrio, organizados de manera comunitaria, aportan con la venta de empanadas y pastelitos para cubrir los honorarios de una abogada particular que asiste a Teresa. Desde el PAyS remarcaron que no se trata de usurpadores, sino de familias que accedieron de buena fe a los lotes, mediante transacciones informales hace casi tres décadas.
El caso de Teresa no es el único en la zona. Otros vecinos también estarían en riesgo, y ya se concretó un desalojo contra una familia que no pudo acreditar la posesión veinteañal.
El proyecto de declaración recuerda que estas acciones judiciales violan derechos establecidos por la Ley N° 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, que en su artículo 15 (modificado por la Ley N° 27.694) suspende por diez años las medidas de desalojo sobre viviendas incluidas en el RENABAP, plazo que rige desde el 29 de octubre de 2022.
Además, se subraya que esta norma es de orden público, por lo que su cumplimiento es obligatorio y ninguna otra disposición, resolución o contrato puede contradecirla.
“El Certificado de Vivienda Familiar es un reconocimiento estatal de la posesión y garantiza derechos básicos como el acceso a servicios públicos y la estabilidad habitacional. Como legisladores, debemos velar por su cumplimiento y proteger a las familias más vulnerables”, concluyeron los diputados Castro y Alvez.
