La confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad desató un terremoto político y jurídico. Entre las voces más críticas, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat no dudó en tildar el fallo de «farsa jurídica» y «arbitrariedad absoluta», mientras anticipó batallas legales en tribunales internacionales.
«Una paginita de mierda sin fundamento». En diálogo con distintos medios de comunicación, Barcesat descargó su indignación: «Estoy enfadado, indignado, asqueado». Según el jurista, la Corte evitó analizar el fondo del caso al rechazar el recurso extraordinario mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que permite desestimar sin argumentación detallada.
«No es una sentencia, es una paginita de mierda que no lleva más de 15 minutos de tipeo. Si un juez de primera instancia firmara esto, lo anularían en segundos», disparó. Además, criticó el timing político: «No fue celeridad, fue cretinismo: lo publicaron días después de que CFK anunciara su candidatura», dijo.
Barcesat insistió en que el fallo consolida una práctica de lawfare (persecución judicial con fines políticos): «La Justicia establece proscripciones por razones ideológicas, no jurídicas. Esto lesiona la soberanía popular».
Y señaló dos «nulidades grotescas» en la causa: la reapertura irregular, por un lado, ya que el caso había sido cerrado y archivado en Santa Cruz, pero fue reactivado durante el gobierno de Mauricio Macri y la falta de responsabilidad presidencial, por otro, ya que las órdenes de pago las firmaron los jefes de Gabinete (no CFK), quienes declararon que no hubo irregularidades.
«Los jueces que la condenaron visitaban a Macri en Olivos y jugaban al pádel. ¿Imparcialidad? Un asco», ironizó.
Para Barcesat, el fallo refleja la influencia de «poderes fácticos»: «La Corte actuó bajo el bombardeo de medios hegemónicos que exigían una condena rápida. La función jurisdiccional es conocer y decidir, no obedecer a la prensa».
Recordó que el procurador general tardó 30 días en emitir su dictamen, pero la Corte resolvió en apenas 8 días, algo que consideró «un arbitrio, no una decisión jurídica».
El abogado confirmó que el caso llegará a instancias internacionales: a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (presentación impulsada por Gregorio Dalbón).
«Hay precedentes: la CIDH anuló las leyes de Punto Final en Argentina y liberó a Lula en Brasil. Pero nuestra Corte, desde el caso Fontevecchia, dice que no está obligada a cumplir. Es un retroceso brutal», lamentó.
¿Qué sigue para CFK? Barcesat anticipó los pasos procesales que incluyen la notificación personal a la expresidenta; el pedido de prisión domiciliaria (por edad y salud), probablemente con tobillera electrónica y los amparos electorales: «Si La Matanza reclama por su derecho a votarla, los acompañaré», dijo.
«Un fallo que huele a golpe institucional»
El constitucionalista cerró con una advertencia grave: «Esto no es justicia, es persecución. Y según el artículo 36 de la Constitución, el pueblo tiene derecho a resistir la violencia institucional».
Mientras el oficialismo celebra el fallo y el kirchnerismo lo denuncia como «ilegítimo», el debate sobre la independencia judicial y el lawfare promete escalar en tribunales globales. La pulseada, lejos de terminar, acaba de entrar en una nueva fase con Cristina, la dirigente, fortalecida en todo el país, aunque quede detenida.
