La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, no estará a cargo del operativo policial este miércoles en la habitual marcha de los jubilados, sino que será llevado adelante por la Policía de la Ciudad.
La medida la dispuso el juez porteño Roberto Gallardo, quien está a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 2 de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que varios gremios nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) presentaran amparos «para evitar la participación de fuerzas federales».
Entonces, ordenaron al Gobierno de la Ciudad y a su jefe porteño, Jorge Macri, que se «abstenga» de validar la intervención de fuerzas de seguridad nacionales, por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, «en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad».
De esa manera, Gallardo sentenció que la administración de Macri sea la que esté a cargo del operativo de seguridad de este miércoles 9 que, a su vez, confluirá con la movilización del paro general, propuesto por la CGT, dónde los gremios que la componen confirmaron su adherencia a la manifestación de los jubilados.
Por otra parte, se ordenó que se garantice «la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes» en el ámbito porteño, coordinando un operativo de seguridad que deje “sin efecto toda medida que altere, restrinja o vulnere el derecho de reunión, el derecho a la protesta y a la libertad de expresión” y que se “delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.
A través del fallo, Gallardo aseguró que «no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales» de las personas que asistan a la marcha.
