La Cámara de Representantes de la provincia concluyó su período ordinario legislativo con la sanción de varias leyes, entre ellas, la que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión de ejecuciones de sentencias de desalojo o remates de inmuebles destinados a vivienda única y familiar o a producción agropecuaria, cuando se verifique una ocupación de más de ocho años en predios urbanos y rurales, fiscales o privados. «Protegiendo a las familias de menores recursos, esta ley responde a la necesidad de salvaguardar el derecho a una vivienda digna y asegurar condiciones habitacionales adecuadas», explicó Carlos Rovira, autor del proyecto.
El dirigente del Partido Tierra, Techo y Trabajo (TTT), el exdiputado provincial Martín Sereno, celebró la medida por el contexto que afecta a todo el país, donde faltan al menos 3,5 millones de viviendas; hay 25 millones de personas en la pobreza; ocho millones más en la indigencia;y existen seis millones de niños y niñas sin futuro. «Mientras que el gobierno de Javier Milei defiende los intereses de los poderosos, nosotros militamos al lado de los últimos de la fila. Por eso acercamos al presidente del bloque oficialista de la Legislatura misionera esta solicitud de prórroga de la Ley de Suspensión de Desalojos», expresó.
Hace un mes, preocupado por el tema, Sereno se reunió con el diputado Martín Cesino después de presentar un proyecto de ley solicitando la prórroga de la sentencia de desalojos y remates. «Es muy necesaria en el contexto de esta situación de desempleo y crisis económica que agobia a todo el país», dijo el dirigente según consigna un parte de prensa de TTT.
La norma, vigente desde hace varios años, se prorroga cada año debido a la enorme necesidad de viviendas que tiene Misiones. Durante su vigencia, más de 500 familias fueron protegidas por esta ley, que les permitió mantener su vivienda única y productiva. «Es muy importante porque brinda amparo a quienes no pudieron regularizar la tenencia de su tierra», sostuvo Sereno.
«La vivienda es un derecho humano y constitucional»
Sereno, a su vez secretario general del Movimiento Evita Misiones, recordó que esta ley requiere la inscripción en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha), que realizó un estudio de las familias registradas. La mayoría son monomarentales, es decir, con una mujer a cargo del hogar. «Esto evidencia la necesidad de algunas políticas para las familias misioneras. En lo que va del año se inscribieron más de 20 familias en ese registro, y desde que impulsamos la ley hasta la fecha se consiguieron más de 1400 soluciones habitacionales».
Desde su espacio político, TTT sostiene que la vivienda propia es un derecho fundamental, constitucional y humano. «No se trata de letra muerta en un papel. Es una obligación del Estado, gobierne quien gobierne, y más aún en este contexto de democracia de la crueldad que sufrimos como pueblo bajo la administración de Javier Milei», criticó. Agregó que el Presidente habla de destruir el Estado, «sin caer en la cuenta de que es mucho más grande de lo que piensa. Aunque está eliminando instituciones estatales, tratando de que los argentinos vivamos en una democracia de la crueldad, donde impera el mercado y las corporaciones dirigen la política, nosotros seguimos luchando por la plena garantía de los derechos de nuestro pueblo. Esta ley es una prueba de ello», afirmó Sereno.
«Varios diputados votaron en contra de garantizar derechos»
El dirigente sostuvo que este año, al no tener representación institucional parlamentaria en Diputados, su espacio político recurrió al mecanismo de presentar la iniciativa por la mesa de entrada legislativa. Luego se reunieron con el titular del bloque mayoritario, planteando la necesidad de que se prorrogue la ley para evitar que muchas familias misioneras queden desamparadas. «Agradecemos que nos hayan escuchado y que en la última sesión del año, con un dictamen favorable previo, sancionaron la ley por mayoría. No fue por unanimidad porque varios diputados del bloque de Juntos por el Cambio, radicales y el PRO votaron negativamente, y algunos se abstuvieron. Es decir, no acompañaron la ley con sus votos y se opusieron a garantizar derechos».
Cuestionó la postura de esos legisladores, que deberían ser representantes del pueblo. «Votaron en contra de los intereses de quienes más necesitan garantías, porque no tienen posibilidades para acceder a otro tipo de vivienda. Como lo marca la ley, ocupan, poseen y viven durante muchos años en un lote que muchos compraron de buena fe; construyen su única casa, y luego se encuentran con estas circunstancias deshumanizantes que pretenden despojarlos de sus derechos y expulsarlos a la calle. Por eso celebramos la sanción de esta ley que beneficia a una gran cantidad de familias misioneras, en un contexto político muy difícil en la provincia y en todo el país», manifestó el dirigente provincial.
