Barajar y dar de nuevo. Los policías y penitenciarios que acampan en la avenida Uruguay de Posadas quieren volver a sus casas, pero también quieren que la propuesta del Gobierno acerque el sueldo de un agente al valor de la canasta básica alimentaria.
Germán Palavecino, uno de los voceros policiales de la protesta, le dijo a la siesta de este viernes a Canal 4 Posadas que las negociaciones continúan: «estamos charlando, barajando los márgenes para la negociación, y golpeando las puertas para reanudar la mesa para recomponer el salario. Nosotros necesitamos volver con una respuesta, la gente lo necesita. El pedido tiene carácter alimentario, no pedimos nada descabellado. Esperamos que esta jornada sea fructífera y que desde el Gobierno convoquen y realicen otra propuesta medianamente razonable.»
El otro vocero, Ramón Amarilla, dijo a los medios y ante sus camaradas que presentarían una propuesta propia que destrabaría el conflicto: “Consensuamos que los delegados hablen con sus bases, sus representados, para evaluar cuál es el margen que tenemos. Ustedes saben bien que en una negociación siempre hay un tire y afloje y debemos tener un margen. A veces pedimos cosas que sabemos que no se va a dar. Pero hicimos una evaluación y tenemos una propuesta; esperemos que el Gobierno haga ahora ese esfuerzo extraordinario para tratar de destrabar esta situación”.
En una nota con Canal 4 Posadas, Palavecino detalló el impacto de la pérdida de poder adquisitivo: «Ese 30 por ciento era respecto al sueldo de abril, y llevaría el sueldo de un agente de policía a unos 520 mil pesos aproximadamente. Pero nosotros perdimos capacidad de compra desde octubre a esta fecha. Siempre el sueldo de un policía estuvo cerca de la canasta básica, pero desde octubre a la fecha perdimos más del 50 por ciento de la capacidad de compra del sueldo» y por lo tanto, ahora pretenden acercar el salario de un agente al valor de la canasta básica.
Además, subrayó la difícil situación habitacional en Posadas: «Si ustedes conocen Posadas, saben que un alquiler, una pieza o un monoambiente en la periferia de la ciudad está 200 mil pesos y hasta un poco más. Los policías que debe vivir acá, solos, solteros, y que son de otras localidades, no pueden cubrir el alquiler y vivir con su sueldo, no le alcanza», graficó.
También pidió que los medios aclaren que la protesta no tiene motivaciones políticas: «No existe ninguna motivación política; detrás de la protesta no hay ningún político, más allá de algunos sectores que se acercaron a solidarizarse y que les agradecemos, pero no hubo más que eso. Muchos se comunicaron a través de mensajes o de terceros, de parte de todos los sectores de la política, pero no pasó de eso. Esta es una protesta salarial», enfatizó.
Nuevo intento
Esta siesta hubo un nuevo encuentro por destrabar el conflicto salarial que afecta a la Policía de Misiones, esta vez con la participación de históricos interlocutores de la política en Misiones.
El propio Amarilla, uno de los policías retirados y actual referente de la mesa de diálogo, anunció un nuevo encuentro con autoridades provinciales y anheló que el Gobierno “haga ahora ese esfuerzo extraordinario para tratar de destrabar esta situación”.
Desde las carpas del acampe salieron dos propuestas:
1. Que el salario inicial de un agente esté entre 700 mil pesos y 750 mil pesos.
2. Que el incremento se concentre en los escalones más bajos de la pirámide salarial, para acortar la distancia con los niveles medios y superiores.
En ese contexto, Amarilla dijo que «la voluntad de la Policía está a la vista. Acá no se ha movido nadie a pesar del clima. No voy a anticipar nada. Nosotros vamos a llevar nuestra propuesta para que ellos evalúen. Ellos nos están esperando ahora».
Es que el jueves por la noche, rechazaron un incremento del 30 por ciento al sueldo. Fue la asamblea de los que protestan que rechazaron el monto por unanimidad.
Amarilla, al igual que Palavecino, insistió con que no hay motivaciones políticas detrás de los reclamos: «el tema político no está en nuestro norte. Solo queremos un salario digno. Llamo a la reflexión: nosotros vinimos acá para tratar de mejorar la calidad de vida del personal policial y penitenciario. Esto es un margen para tratar de destrabar esto y que regresemos a la calle para trabajar».
Una tenue llovizna cudría el escenario donde emplazaron el campamento de protesta, sobre la avenida Uruguay y las calles adyacentes al Comando Radioeléctrico I. El olor a humo de las decenas de ollas negras o discos de arado donde cocinaban un menú casi homogéneo (guiso de arroz con sus variantes) junto a las carpas negras se imponen en el escenario donde se destacan también los móviles policiales. Las caras muestran cansancios, las ropas y los cuerpos tienen, indefectiblemente, olor a humo de las leñas de las fogatas para cocinar o repeler el fuego.
Los muchachos están agotados y la lluvia y el frío no dan tregua.
-¿Siguen o no siguen, muchachos?
-Seguimos. Pero nos queremos ir.
Reunión y expectativas
Se quieren ir. Lo admiten, pero también aseguran que el monto que ofrezca el Gobierno, “un poco superior a los 700 mil pesos y lo más cercano posible al valor de la canasta básica familiar de alientos, que es de abril, que ni siquiera es la de mayo, definirá si seguimos o no. A mi no me hables de porcentajes; eso es para los políticos. A mi háblame de platita en el bolsillo, esa es la que va”, enfatizó un poco exasperado un policía que se acercó al periodista.
El viento es frío, molesto, intenso. La nueva reunión, la tercera desde que se inició el conflicto, genera expectativa entre los agentes activos, retirados y familiares tanto de la Policía de Misiones como del Servicio Penitenciario Provincial que esperan el acuerdo que desactive al menos uno de los focos de protesta.
Cuando haya una respuesta, Amarilla, Palavecino y los delegados volverán al corte para informar y si cuentan con el aval de los acampantes, volverán a la Jefatura a firmar el acuerdo. Si no hay aval. Continuarán con el acampe.
Lo alentador, es que no hay hipótesis de conflicto violento: el Gobierno Nacional que primero vino a presumir su Protocolo Antipiquete, volvió por dónde vino. Después, a través de los medios, mostró una postura diferente: la Ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Dijo que “No podemos interferir, es un conflicto entre partes y el Estado (nacional) no es una de ellas”.
Sin embargo, el gobierno al que pertenece es una de las partes: Javier Milei recortó alevosamente los fondos a las provincias y solo mantiene las transferencias automáticas. Esa decisión desfinancia a las provincias que deben pagar sueldos y enfrentar la pérdida de los salarios que la inflación pulveriza. Inflación que el Gobierno nacional no controla ni compensa.
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RP
