Más de 30 organizaciones exigieron la renuncia del presidente del Inym y denunciaron el «desmantelamiento» de la principal economía regional. Productores, cooperativas, trabajadores rurales, referentes académicos y organizaciones sociales acusaron a Rodrigo Correa de acompañar la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y responsabilizaron a esa política por la caída de la cosecha, el derrumbe del precio de la hoja verde, la pérdida de controles y el agravamiento de la crisis yerbatera. El reclamo reabre el debate sobre el futuro del Instituto Nacional de la Yerba Mate y sobre el papel del Estado en un mercado altamente concentrado.
La crisis de la yerba mate sumó este martes un nuevo capítulo político e institucional. Más de treinta organizaciones vinculadas a la producción, la industrialización, el trabajo rural y el ámbito académico reclamaron públicamente la renuncia del presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), Rodrigo Correa, al considerar que su gestión profundizó el deterioro del organismo y acompañó sin objeciones la política de desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei.
La presentación, fechada el 30 de junio y dirigida al propio titular del Instituto, sostiene que durante los siete meses de gestión de Correa se produjo un «profundo daño» sobre la principal economía regional de Misiones y una pérdida de capacidad institucional del organismo creado precisamente para equilibrar las relaciones entre los distintos actores de la cadena yerbatera.
El pronunciamiento amplía el frente de rechazo que ya había comenzado una semana atrás con el pedido de renuncia formulado por la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM). Esta vez, el cuestionamiento reúne a asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones de tareferos, entidades sociales, investigadores universitarios y dirigentes históricos del sector.
Entre los firmantes aparecen Hugo Sand (APAM), Luis Alberto Andrusyszyn (APAZSUR), el ex rector de la Universidad Nacional de Misiones Javier Gortari, Héctor Bárbaro (AMPYM), Ana Cubilla (FETARA) y representantes de numerosas organizaciones vinculadas a la economía yerbatera.
Una crisis que comenzó con la desregulación del mercado
El documento ubica el origen de la crisis en la decisión del Gobierno nacional de desregular el mercado yerbatero mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Esa norma eliminó las facultades centrales del Inym para fijar dos veces al año el precio mínimo obligatorio de la hoja verde y de la yerba mate canchada, una herramienta que desde la creación del organismo, en 2002, había funcionado como referencia para equilibrar la negociación entre miles de pequeños productores y un reducido grupo de grandes industrias compradoras.
El Instituto continúa existiendo formalmente, pero perdió una de sus atribuciones esenciales: intervenir cuando productores e industriales no alcanzaban un acuerdo sobre el precio de la materia prima.
Desde entonces, los valores comenzaron a definirse exclusivamente mediante acuerdos privados entre compradores y vendedores.
Las organizaciones sostienen que esa supuesta «libre negociación» nunca llegó a existir porque el mercado yerbatero presenta una fuerte concentración industrial.
Mientras alrededor de 13 mil productores venden hoja verde, las compras se concentran en un reducido número de secaderos, molinos y grandes empresas que poseen una capacidad de negociación muy superior.
En términos económicos, los firmantes describen ese escenario como un oligopsonio, es decir, un mercado con muchos oferentes y muy pocos compradores, donde estos últimos poseen capacidad para imponer condiciones comerciales.
Los datos que exhiben el deterioro
Uno de los aspectos más contundentes del documento es que fundamenta sus críticas con estadísticas oficiales elaboradas por el propio Inym.
Según esos registros, durante el primer cuatrimestre de 2026 la cosecha de hoja verde cayó a 151,9 millones de kilogramos.
En igual período de 2024 la producción había alcanzado 268,2 millones de kilos.
La diferencia representa una retracción superior al 40%, uno de los descensos más pronunciados registrados desde la creación del organismo.
Los datos correspondientes a mayo muestran que la tendencia descendente continúa.
El documento también señala que el consumo interno atraviesa uno de los niveles más bajos de los últimos años, un comportamiento que distintos analistas atribuyen a la pérdida del poder adquisitivo de los hogares y a la retracción general del consumo masivo observada durante los últimos meses.
En paralelo, los productores denuncian que el precio pagado por la hoja verde cayó hasta ubicarse alrededor de los 200 pesos por kilogramo, muchas veces abonados mediante cheques diferidos con plazos prolongados.
Ese derrumbe, sostienen, no tuvo una contrapartida equivalente en las góndolas.
Mientras el valor que recibe el productor disminuyó de manera abrupta, el precio que paga el consumidor por los paquetes de yerba mate permaneció elevado, alimentando las críticas sobre la distribución del ingreso dentro de la cadena productiva.
«La transferencia de recursos ocurrió desde la producción primaria hacia los sectores industriales y comerciales más concentrados», resume el documento.
Un conflicto que excede el precio
Las organizaciones sostienen que la crisis ya no se limita al ingreso de los productores.
También cuestionan el funcionamiento interno del Instituto. Según el escrito, durante la gestión de Correa fueron desplazados trabajadores con amplia experiencia técnica en áreas estratégicas como Fiscalización, Registros y el Área Técnica.
Los firmantes consideran que esas decisiones redujeron la capacidad operativa del organismo y afectaron funciones esenciales como el control de calidad, la fiscalización de la producción y el combate contra la comercialización de yerba sin estampillas oficiales.
Ese punto posee además una consecuencia económica. La venta de yerba sin estampillado implica menores ingresos para el propio Instituto, ya que las estampillas constituyen una de las principales fuentes de financiamiento del organismo.
Las organizaciones también cuestionan la reducción del funcionamiento del Directorio y de las subcomisiones técnicas, espacios donde históricamente se debatían las decisiones vinculadas con la actividad yerbatera.
A ello agregan críticas por presuntas designaciones políticas en áreas técnicas sin concursos previos ni procesos de selección.
El punto de quiebre político
El documento identifica un episodio puntual como el momento de mayor ruptura entre el presidente del INYM y las entidades agrarias. Se trata de la exposición realizada por Rodrigo Correa el 21 de mayo ante la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados de la Nación.
Según las organizaciones, mientras productores misioneros describían la crisis económica que atraviesan las chacras, Correa defendió los lineamientos de la desregulación impulsada por el Gobierno nacional y coincidió en varios aspectos con la posición expresada por representantes de la industria molinera.
Esa intervención profundizó el malestar de las entidades rurales, que interpretaron que el titular del Instituto dejó de representar los intereses de la producción primaria para respaldar la visión de los sectores industriales de mayor escala.
La discusión abierta alrededor del INYM excede el funcionamiento administrativo del organismo. En el fondo, enfrenta dos modelos de regulación económica.
Por un lado, el Gobierno nacional sostiene que la libre competencia permitirá mejorar la eficiencia, eliminar distorsiones y favorecer el funcionamiento del mercado sin intervención estatal.
Del otro, productores, cooperativas y trabajadores rurales sostienen que la estructura del negocio yerbatero impide hablar de competencia plena porque existe una fuerte concentración de compradores frente a miles de pequeños vendedores sin capacidad individual de negociación.
En ese contexto, consideran que la eliminación del precio mínimo obligatorio fortaleció el poder de negociación de los grandes molinos y debilitó aún más a la producción primaria.
El documento concluye con fuerte contenido político y una apelación directa a Rodrigo Correa en su condición de misionero. Los firmantes sostienen que, si los lineamientos fijados por el Gobierno nacional le impiden defender los intereses de la economía yerbatera provincial, corresponde que abandone el cargo.
«Ningún cargo vale más que el respeto de la propia comunidad que lo vio nacer», afirma el texto.
La carta transforma así un cuestionamiento técnico sobre la gestión del Inym en un reclamo político fuerte, que vuelve a colocar en el centro del debate el impacto de la desregulación sobre una actividad que involucra a miles de familias productoras, trabajadores rurales, cooperativas, secaderos e industrias de Misiones y Corrientes.
