Un proyecto de Declaración de la Cámara de Representantes de Misiones exige al Poder Ejecutivo Nacional la reglamentación inmediata del artículo 10 de la Ley 27.264, una cláusula que prevé beneficios diferenciales para empresas radicadas en zonas de frontera. La iniciativa apunta a corregir desventajas estructurales que afectan a las economías regionales, en especial en distritos con fuerte exposición al comercio transfronterizo.
El planteo lleva la firma del diputado de Encuentro Misionero, Juan José Zychowski, y adopta la forma de un proyecto de declaración. El texto sostiene que la ausencia de reglamentación mantiene inactiva una herramienta central del régimen Pyme y bloquea la aplicación de incentivos previstos por el Congreso desde 2016.
La Ley 27.264, sancionada con el objetivo de mejorar el acceso al financiamiento, reducir la carga tributaria y promover inversiones, incluye en su artículo 10 la facultad de establecer esquemas específicos para empresas ubicadas en zonas de frontera. Esa disposición habilita al Ejecutivo a diseñar beneficios fiscales, aduaneros y financieros que compensen asimetrías frente a países vecinos.
El proyecto advierte que esa facultad nunca se instrumentó. La falta de reglamentación convierte al artículo en una norma de aplicación potencial pero sin efectos concretos. El resultado impacta en la estructura de costos de las Pyme y en su capacidad de competir en mercados abiertos y altamente sensibles al diferencial de precios.
En Misiones, la situación adquiere una dimensión operativa. La provincia comparte más del 90% de sus límites con Paraguay y Brasil, lo que expone a su aparato productivo a una competencia directa con economías que operan con cargas tributarias y costos logísticos distintos. Sectores como comercio minorista, industria liviana y producción primaria registran desventajas sistemáticas vinculadas al tipo de cambio, presión impositiva y costos de transporte.
El texto legislativo describe efectos acumulativos: caída de competitividad, menor atracción de inversiones, dificultades para sostener empleo formal y expansión de circuitos informales. La falta de incentivos específicos en frontera, plantea, agrava la fuga de consumo hacia ciudades limítrofes y debilita el entramado productivo local.
Datos oficiales del Ministerio de Economía de la Nación y de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo ubican a las Pyme como responsables de más del 60% del empleo privado registrado en Argentina y cerca del 70% del empleo total. En ese esquema, cualquier distorsión territorial tiene impacto directo en el mercado laboral y en la generación de valor agregado.
El proyecto no introduce un nuevo régimen. Exige la ejecución de uno ya previsto por ley. Solicita que el Ejecutivo defina parámetros, alcance y beneficios concretos para Pyme de frontera, con criterios de segmentación territorial y sectorial. La meta declarada: equilibrar condiciones de competencia y sostener la actividad económica en regiones periféricas.
La iniciativa instala una discusión pendiente en la política económica nacional: la falta de instrumentos diferenciales para territorios con desventajas estructurales. En el caso misionero, la frontera no aparece como un dato geográfico sino como un condicionante productivo permanente. La reglamentación del artículo 10 busca intervenir en ese punto exacto.
