La decisión de postergar la actualización de la metodología para medir la inflación terminó por convertirse en un problema de confianza, y esa inseguridad se refleja en los números financieros. La marcha atrás del Gobierno en publicar la medición actualizada de la inflación, cuando ya lo había anunciado en septiembre último, no solo dejó sin efecto un ajuste técnico, sino que abrió una grieta que vuelve a alimentar la sospecha sobre el uso político de los datos oficiales y los verdaderos rendimientos de los activos atados a la evolución de los precios, incluyendo las bandas cambiarias.
“Dejando de lado las cuestiones metodológicas, nos cuesta imaginar que algún inversor privado vea con buenos ojos la decisión política de postergar el nuevo IPC”, señalaron desde la consultora 1816, subrayando que la percepción de una intervención política pesa más que la diferencia numérica en sí. En Econviews, el economista Alejandro Giacoia también puso el foco en la señal institucional, al afirmar que “incluso si la diferencia entre el IPC actual y el actualizado hubiera sido marginal en los primeros meses, la decisión de frenar la reforma deja una marca institucional difícil de borrar”.
El impacto, desde esta perspectiva, no sería meramente estadístico sino reputacional, en una economía que ya carga con escepticismo histórico sobre sus estadísticas. Cualquier decisión que se interprete como política prima sobre una discusión técnica.
