El ministro de Economía, Luis Caputo, lanzó una dura advertencia a los bancos que continúan pidiendo documentación fiscal a sus clientes, pese a que desde fines de mayo rige una norma que lo prohíbe. “Si insisten con no acatar las normas, habrá que tomar medidas para que lo entiendan de una buena vez”, advirtió el funcionario desde su cuenta oficial en X (ex Twitter).
La reacción de Caputo surgió a partir de un planteo publicado por un usuario en redes sociales. Se trata del contador Alejandro Rosenfeld, quien denunció que varias entidades bancarias continúan solicitando declaraciones juradas o formularios similares, aunque lo hagan bajo la apariencia de una entrega “voluntaria”. Según Rosenfeld, “los bancos no se adaptan a las nuevas normas del gobierno” y “siguen pidiendo certificaciones, papeles, justificaciones”. Afirmó además que ya circulan formularios redactados por los propios bancos para que el cliente “voluntariamente” entregue sus declaraciones, con el objetivo de “evitar gastos” en certificaciones de ingresos.
En la imagen compartida por el contador, se puede leer un formulario que declara: “Manifiesto en carácter de declaración jurada conocer y aceptar los alcances de la Resolución General N° 5696/25 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y del decreto 353/25, que establecen que el banco no puede solicitar a sus clientes las declaraciones juradas de impuestos nacionales”. A pesar de ello, el texto invita al cliente a entregar esa información “voluntariamente” para evitar trámites o costos adicionales.
Frente a este escenario, Caputo llamó a los ciudadanos a no entregar esos datos, aunque el pedido venga con un formulario explicativo. “Recibimos varios avisos al respecto. Vamos a hablar con los bancos”, adelantó, y dejó en claro que no dudará en avanzar con sanciones si no hay un cambio de actitud.
La postura del ministro se apoya en la normativa vigente: la Resolución General 5696/2025, dictada por ARCA, establece que los bancos y otros sujetos obligados por la Ley 25.246 —como escribanos, aseguradoras o inmobiliarias— tienen prohibido exigir declaraciones juradas de impuestos nacionales como condición para brindar servicios.
La resolución señala además que “no puede soslayarse la asimetría en las relaciones jurídicas existentes entre los proveedores de servicios y los sujetos que pretendan acceder a ellos”, y que esa situación se agrava cuando el acceso se condiciona a la entrega de documentación que excede lo razonable o vulnera derechos.
En este marco, Caputo sostiene que el gobierno busca garantizar el cumplimiento del secreto fiscal, evitando prácticas coercitivas o abusivas por parte de entidades privadas. “Vamos a tomar medidas si esto no cambia”, insistió, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones regulatorias.
